«Es menester que nadie albergue dudas de que tanto los gobiernos como los grupos armados insurgentes que hayan hecho uso de dichas armas (químicas) deben ser juzgados y castigados por la Justicia, específicamente por el Tribunal Penal Internacional», afirmó la Cancillería Argentina por medio de un comunicado.
El texto también indicó que «la utilización de armas químicas en Siria, prohibidas por la comunidad de naciones, obliga a todos los Estados a comprometerse para encontrar una solución a la crisis».
A una semana de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Cancillería destacó que «el gobierno nacional valora los resultados de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos que dieron lugar a la adhesión de Siria a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y propicia que sean objeto de tratamiento en el Consejo de Seguridad».
«Los progresos alcanzados en la cuestión de las armas químicas pueden sentar las bases para avanzar hacia una solución integral y negociada de la crisis, realizada por los propios sirios y con el apoyo de la comunidad internacional a través de los órganos de las Naciones Unidas», señaló el comunicado.
Además, el texto señaló que «el horror de la utilización de armas químicas cuyo uso es un crimen de guerra y de lesa humanidad no debe ensombrecer la necesidad de recordar que el 99,9% de las víctimas lo han sido por el uso de armas convencionales».
«Impera la necesidad de que el Consejo de Seguridad prohíba el suministro de armas convencionales a las partes en conflicto tal como lo ha planteado nuestro país desde el mes de enero de este año», indicó.
«Argentina, como miembro del Consejo de Seguridad, trabajará para el cumplimiento estricto del derecho internacional, la no proliferación y eliminación de las armas de destrucción masiva, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos, el respeto del multilateralismo y la profundización de un camino que lleve a la solución política de todas las dimensiones del conflicto sirio», agregó.
