En la reunión, Loggio y Stratta dialogaron sobre las modificaciones que requerirá la ley 10.563 que crea el capítulo provincial del esquema nacional de prevención de la tortura para su efectiva puesta en práctica. “El gobernador Gustavo Bordet tomó la decisión política de que antes del 24 de marzo la norma debe estar operativa. Para eso, es necesario realizar algunas modificaciones que ya se están trabajando con la ministra de Gobierno Rosario Romero y los organismos de derechos humanos”, precisó el legislador.
La intención es que el trabajo mancomunado pueda lograr “un camino de rápida ejecución de lo que establece la legislación provincial y nacional”, consignó.
A través de la ley nacional 26.827 de 2012, el Estado argentino creó el sistema nacional de prevención de la tortura con el objetivo de garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales.
En 2018, se creó el mecanismo provincial que ahora se pretende modificar para su puesta en funcionamiento.
