En el texto se fundamenta que “en la mencionada causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú-Fray Bentos, como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya”.
Agrega que la causa `Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional comunica corte de ruta` (Expediente Nº 56.200) se encuentra “en trámite” ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel (juez subrogante).
El Gobierno entiende que “la ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado”.
Se explica además que el fallo del 20 de abril de este año por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya “resolvió que la República Oriental del Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe, establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975”.
Sin embargo, añadió que lo hizo “sin vulnerar sus obligaciones sustantivas relacionadas con la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de fabricación de pasta de celulosa, disponiendo que ambos países debían monitorear en forma conjunta el funcionamiento de la misma”.
“Corresponde -continúa el texto del decreto- garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos”.
Agrega que el corte que los asambleístas realizan desde noviembre de 2006 en la ruta 136 involucra ilícitos referentes a “homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito”.
Fuente: Télam
