El comunicado fue leído por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, flanqueado por el canciller Jorge Taiana y la flamante secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
El primero de los ítems marcó que, sin perjuicio a la aceptación de la decisión, el Gobierno reitera su convicción de que la continuidad de los emprendimientos son susceptibles de ocasionar un daño irreversible
También se planteó que las argumentaciones de La Haya dejaron en claro que no habrá «hecho consumado» con la finalización de las obras. Y Fernández reiteró la decisión de seguir impulsando el proceso ante el tribunal.
«Estamos convencidos de que los emprendimientos autorizados unilateralmente, por su magnitud, localización y tecnología, son incompatibles con la preservación del medio ambiente. Pedimos que el sistema financiero internacional se abstenga de invertir», concluyó el jefe de ministros.
Antes de esta declaración oficial, ya quedaba claro que la intención del Gobierno es de aquí en más seguir insistiendo en el tribunal internacional. La consejera legal de Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, había afirmado más temprano que el fallo es como una «invitación» a volver a pedir una medida cautelar, si en el futuro Uruguay no garantiza los derechos argentinos.
En la misma línea, el representante de Asuntos Ambientales del Ministerio, Raúl Estrada Oyuela, sostuvo en declaraciones a una radio uruguaya, que el dictamen puede ser revisado si las circunstancias se modifican. «Esto es una cosa que se puede volver a plantear», destacó.
