El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones relacionadas con asuntos penales. Entre las justificaciones para los cambios figuran cifras sobre la cantidad de extranjeros en las cárceles y la necesidad de agilizar los tiempos de expulsión.
Así, el decreto 70/2017 habla de "hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento", donde "el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera".
También señala que en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total son extranjeros y que en delitos relacionados con el narcotráfico, el 33 por ciento de las personas bajo custodia provienen de otros países. En ese sentido, se destaca entre las justificaciones que "conforme el último censo nacional", hay un total de 4,5 por ciento de población extranjera para indicar el alto índice de delincuentes entre ellos.
También destaca que se "hace indispensable modificar la Ley N° 346 de Ciudadanía, a fin de precisar que es requisito tener residencia permanente o temporaria de forma continua en los DOS (2) años anteriores, a los efectos del cómputo del arraigo necesario para acceder a la nacionalidad por naturalización".
Por esos motivos, el Gobierno decretó que "los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de 'residentes permanentes', 'residentes temporarios', o 'residentes transitorios'" y que "hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de 'residencia precaria', que será revocable por la misma" y que su "validez será de hasta NOVENTA (90) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada".
También decreta que "en caso de interposición de recursos administrativos o judiciales contra medidas de declaración de irregularidad, la autoridad de aplicación podrá otorgar un 'permiso de permanencia transitoria'" por noventa días prorrogables.
En cuanto a los motivos por los que se les impedirá el ingreso, señala la entrega a las autoridades nacionales de documentación que tenga algún tipo de falsedad, la omisión de antecedentes penales que será sancionado con una prohibición de reingreso por cinco años.
También "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no
Firme" en Argentina o en el exterior "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".
