La audiencia fue en el despacho del ministro Adán Bahl y ahí estuvieron también el director de Personas Jurídicas, a cargo de la Subsecretaría de Justicia, José Carlos Luján, y la directora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, Marcia López. Desde la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos –Vidaer-, Carla Cusimano se mostró satisfecha al término de la reunión porque “tenemos el compromiso del Ministro de solucionar todos los temas planteados y porque nos informó que ya se firmó el decreto para el otorgamiento de los subsidios”.
Aclaró que el decreto no instituye nada nuevo sino que libera los fondos para los subsidios que se otorgan a las víctimas de hechos delictivos para subsistencia o pago de abogados. Se trata de una ayuda vigente hace mucho tiempo, pero que este año “se había retrasado mucho” de tal forma que “durante todo 2009 no habían sido asistidas con este tipo de subsidios”.
Cusimano precisó que se trata “son subsidios muy personales que se tramitan en la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, y se otorgan cuando ese organismo evalúa que efectivamente ese familiar necesita ser ayudado”.
En consecuencia, el decreto rubricado abarca subsidios tramitados a partir de los primeros días de enero, por lo que Cusimano reiteró que “no se trata de una nueva conquista sino de algo que se hace todos los años pero que en este venía muy demorado”.
“A nosotros nos preocupaba –explicó- porque era un mecanismo perfectamente aceitado que venía funcionando muy bien y que en este año particularmente, habíamos llegado a septiembre sin ninguna respuesta del Gobierno”, comentó. En síntesis, se trata de fondos que fueron liberados para una partida que ya estaba asignada.
En la audiencia, se dialogó asimismo sobre las dificultades que las víctimas suelen tener cuando viven en el mismo lugar que el victimario. En tal sentido, comentó que “estamos trabajando para ver cómo se puede subsanar la situación a la que la víctima o el familiar se ve sometido, en ese sentido”.
La preocupación que la Asamblea había tenido a lo largo de este año debido a la falta de comunicación con el Poder Ejecutivo, también fue tema de agenda. Cusimano explicó que por cuestiones diversas, la entidad necesita tener contacto con los tres poderes del Estado. En particular, con el Ejecutivo porque “es necesario que las víctimas sean asistidas realmente”. Planteó que “la Dirección de Asistencia a la Víctima hace un trabajo excelente en el asesoramiento legal y en especial en la contención psicológica y en la parte de asistencia social”. Pero respecto de esta última, “también necesitamos no solo el diagnóstico de la situación de la familia después de la pérdida de un ser querido en estas condiciones, sino también la cobertura y es esa cobertura –remarcó- la que únicamente podemos trabajar con el Poder Ejecutivo”.
Acerca de los problemas de comunicación, Cusimano evaluó que inicialmente eso ocurrió porque no había un Secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos aunque de inmediato fijó los problemas de comunicación en el mismo momento en que se inició la actual gestión. “Desde la Asociación hemos tenido serios inconvenientes con el Poder Ejecutivo desde que este Gobierno asumió. De hecho –acotó- no es la primera vez que nos quejamos que no somos atendidos, después de esperar un año para que nos atienda el Gobernador, no es la primera vez que presentamos esta inquietud”.
En esta ocasión, planteados los problemas de comunicación por parte de Vidaer, Bahl dejó en claro que el interlocutor es José Carlos Luján, director de Personas Jurídicas, ahora a cargo también de la Subsecretaría de Justicia.
Registro de ADN en Diputados
Vidaer también estuvo en Diputados, en la Comisión de Legislación General para tratar la creación de un Registro de Condenados por delitos contra la Integridad Sexual. “Nos reunimos para que podamos sacar para la provincia de Entre Ríos un proyecto consensuado y responsable. Tenemos serios cuestionamientos a algunos de los artículos del proyecto con media sanción en Diputados de la Nación. Por eso proponemos trabajar en la comisión con los proyectos de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, de la ciudad de Río Cuarto antes de que Córdoba tuviera su propia ley”. Así, “se ha abierto el abanico para que podamos tomar lo mejor de las leyes de otras provincias adaptados a la idiosincrasia, a la realidad y al contexto social de la provincia”.
Cusimano explicó que “estamos en un serio análisis y vamos a contar con el apoyo de otros profesionales y otros entes que puedan colaborar y que puedan traer sus voces aun cuando no estén en total sintonía con nuestro pensamiento”, dentro del trabajo emprendido en la Legislatura.
A propósito del denominado comúnmente registro de violadores y de otro proyecto también de ley referido al banco de datos genéticos, la entrevistada precisó que el segundo es un proyecto que el Superior Tribunal de Justicia ingresó en 2005. “El STJ plantea un banco general que no solo sirva para cotejo de pruebas sino también para casos de filiación, por ejemplo. Nosotros trataríamos, dentro del Registro (de violadores), de incluir parte de ese proyecto”. Queda por definir si se trabajan juntas o por separado ambas iniciativas porque “el registro de ADN dentro del registro (de violadores) es fundamental para el cotejo de pruebas porque además todos sabemos que en un gran porcentaje son reincidentes. El registro de datos genéticos es fundamental pero será cuestión de los legisladores y sus asesores ver qué conviene más y cómo se pueden sacar rápidamente ambos”, manifestó.
De todas maneras, el Registro de violadores lleva implícito un registro de ADN dentro de todos los datos que el primero prevé de una persona que ha cometido delitos de índole sexual. “El registro de datos genéticos de la provincia también es muy importante y personalmente creo que deben salir por separado aun cuando se complementan”, finalizó Cusimano.
Fuente: El Diario
