En ese sentido, días atrás el ministro de Justicia, Julio Alak, explicó que el gobierno cuestionaría la decisión de la Cámara porque “viola dos aspectos: la igualdad ante la ley y el principio de equilibrio de poderes”.
En ese contexto, declaró que la Cámara «es incompetente» en este caso, porque «cuando se vendió el predio, se estableció que las diferencias económicas que podían surgir de la venta eran competencia del fuero civil y comercial, pero acá lo que se discute es la validez de un decreto de la Presidenta de la Nación y el fuero natural es el fuero contencioso administrativo».
También remarcó: «Una familia o un trabajador que deja de pagar un bien, es desalojado por la justicia o se le quita el bien,
en cambio cuando se trata de un poderoso como la Sociedad Rural o una corporación económica, no sólo no se lo desapodera del bien que tiene ilegítimamente, sino que se lo convalida con una cautelar».
En cuanto al equilibrio de poderes, dijo que viola ese principio por cuanto «el sistema republicano funciona si están en paridad, si ninguno obstruye al otro» y objetó a la Cámara por ser la misma que «impide la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual».
«Ante un acto legítimo del Estado para recuperar lo que el Estado regaló en los `90, ahora la Cámara protege el ilícito que se cometió entonces», señaló Alak.
