La creación de la flamante dependencia estaba en la agenda del gobierno desde marzo pasado, a partir de un trabajo de minuciosa recolección de casos y denuncias de la secretaría que encabeza Eduardo Luis Duhalde. Las conclusiones de ese trabajo, publicadas en septiembre por Tiempo Argentino, señalan que unas 600 empresas fueron víctimas del despojo y la apropiación ilegal en los años de plomo. “Se trata de 604 casos de empresas de diferente tipo y rubro y afectadas por delitos de distinta magnitud como la liquidación, la intervención o, directamente, la apropiación”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén.
El principal objetivo de la nueva Unidad Especial será recabar “de organismos oficiales y no oficiales nacionales e internacionales” toda la información para obtener pruebas de posibles víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica y, de ese modo, crear un registro con sus datos. Además, el nuevo organismo deberá coordinar las posibles acciones legales y asistir a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal en las causas o en las investigaciones conexas. Con ese objetivo, podrá solicitar colaboración, documentación o informes a instituciones o reparticiones provinciales, órganos de seguridad e inteligencia extranjeros.
Según la resolución 3216/2010, la Unidad Especial también deberá organizar una base de datos con los antecedentes y evolución de cada caso y diseñar estrategias de comunicación para que las víctimas conozcan al organismo y brinden información para identificar a los posibles autores, coautores, cómplices y encubridores y partícipes de los delitos. En el gobierno descontaron que la primera acción del organismo será lanzar una campaña de difusión.
Víctimas de despojos similares al que denunció Lidia Papaleo con Papel Prensa y que involucra a los diarios Clarín y La Nación, los varios centenares de empresarios que relevó la Secretaría de Derechos Humanos integran una extensa lista de afectados en numerosos rubros de la economía. “Papel Prensa es el hecho más conocido y más notable, pero hay otros que fueron acallados, denuncias de personas que han sido desapegadas de sus bienes de todo tipo en empresas como ingenios, financieras, bancos, importantes constructoras”, subrayó el ministro de Justicia, Julio Alak. La Secretaría de Derechos Humanos funciona en la órbita de la cartera a su cargo.
En los fundamentos de la resolución publicada ayer, el Ejecutivo advirtió que “entre el universo de las graves violaciones a los Derechos Humanos causadas por el terrorismo de Estado revisten especial importancia aquellas que tuvieron motivaciones económicas”. Y reseñó que “la apropiación de bienes de personas detenidas, asesinadas y desaparecidas, la apropiación de empresas vía el desapoderamiento de capital accionario de sus titulares a punta de pistola, las quiebras de entidades o la creación de monopolios como el del papel de diarios a fin de favorecer a determinados grupos periodísticos a cambio de silencio, son sólo algunas de las muestras de las aberraciones cometidas”.
En ese sentido, Alén juzgó que los casos investigados “demuestran un modus operandi de la dictadura, que era entregar las empresas a la Sociedad Rural y al capital financiero, responder a las órdenes del jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz”.“El objetivo era liquidar esas empresas o bien ponerlas en manos de amigos de los militares”, le dijo el funcionario a Tiempo.
Además del caso “emblemático”, según la definición oficial, de Papel Prensa, la lista de empresarios afectados incluye, entre otros, a Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la algodonera Sadeco. Ambos fueron secuestrados para forzarlos a firmar acuerdos económicos con Hong Kong. Por el secuestro extorsivo de los Gutheim están procesados con prisión preventiva el ex dictador Jorge Rafael Videla y sus ex ministros Albano Harguindeguy y Alfredo Martínez de Hoz.
Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino fueron detenidos en noviembre de 1976. Tenían una empresa que se dedicaba a la actividad ganadera y láctea. Denunciaron que tras más de un año de torturas sistemáticas el juez platense Leopoldo Russo los obligó a vender un campo de 25 mil hectáreas y un avión de su propiedad.
Los ejecutivos y principales accionistas de los bancos Latinoamericano, de Hurlinghan y Comercial de La Plata, y los directivos de la Siderúrgica Grassi también forman parte del listado de víctimas
