“Leímos que legisladores del radicalismo habían interpuesto una denuncia por el agente financiero que, desde nuestro parecer, parece hecha por un mecánico y no por alguien que entienda de leyes”, caracterizó Busti la presentación que tramitó unas horas antes el bloque de diputados provinciales de la UCR. “Tiene toda una connotación comiteril”, expresó.
“El decreto ad referendum al que se refieren, el 7184, hecho por el ex gobernador Montiel el 5 de diciembre de 2003, no es que no se remitió a la Legislatura: el 10 de diciembre de 2003 fue enviado por el entonces ministro de Gobierno, doctor Fermín Garay”, explicó, al comentar que “esa es la constancia que le hemos acercado al juzgado; de manera, entonces, que el decreto ad referendum no fue tratado en la Legislatura, por lo cual no tiene absolutamente ningún valor”.
El dato refuta la presentación judicial realizada por los diputados radicales en su presentación. En el texto, se subraya que “la conducta de Busti, de no remitir el decreto a refrendo legislativo, y la de Valiero de consentir tal omisión, ha generado un enorme perjuicio económico a la provincia”. Sostienen los diputados de la UCR que “tal omisión deliberada lo fue con la finalidad de justificar (…) la firma de un nuevo convenio mediante el cual aparece como claramente beneficiado el grupo privado adquirente del Nuevo Bersa”.
Busti insistió en que, más allá del camino que siguió el decreto ad referendum aquel, “están los dictámenes de los organismos de contralor, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, la Secretaría Legal y Técnica, en los que se expresa que el convenio de agente financiero continuó de hecho y no de derecho porque el Bersa era una sociedad distinta a la del Nuevo Bersa”. Todos estos elementos aconsejaban “el tratamiento de nuevo contrato de agente financiero”.
Para el gobernador, “otra equivocación” la constituye la afirmación según la cual el Gobierno ya habría cerrado el acuerdo. “Nosotros no hemos firmado nada con el Ministro de Economía, lo que hicimos fue remitir a la Legislatura un borrador con las tratativas que estuvimos sosteniendo con el grupo Eskenazi; incluso, a ese borrador se le introdujeron modificaciones en las cámaras y el Ejecutivo las va a respetar”.
También estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Dr. José Carlos Halle, y el titular de la cartera económica, cr. Diego Valiero. En un determinado momento, se le transmitieron al Ministro las inquietudes referidas al canon. “Esto fue aclarado en diversas reuniones a las que asistieron los distintas bloques legislativos: el contrato anterior era menor, pero no se pagaban Ingresos Brutos ni ley 4035 y, además había sido celebrado en una situación distinta en la que el grueso del servicio era el financiamiento del sector público”, expuso Valiero al agregar que “el cambio del perfil del servicio derivó en una modificación de la ecuación” y aclarar que “nunca los municipios fueron contemplados en ninguno de los convenios del Estado” como así tampoco “la empresa de energía, que siempre estuvo fuera del canon”.
