El plan de racionalización de edificios en la administración contempla mudar la Secretaría de la Producción a Bajada Grande; el Ministerio de Gobierno, al garage oficial; Secretaría de Planeamiento e Infraestructura, al Ferrocarril; y el Ministerio de Salud y Acción Social a terrenos cedidos por el Ejército.
Pero la idea ya chocó con un primer obstáculo: la Legislatura recortó del Presupuesto 2010 los 9 millones de pesos previstos para el nuevo edificio de Economía, una torre de nueve plantas a construirse en cercanías de Buenos Aires y Ecuador.
Tener una propiedad disponible en el radio céntrico, y que esa propiedad sea más o menos funcional para la instalación de una oficina pública, puede resultar un buen negocio para un particular que pretenda vivir de la renta que genere. El Estado, que cada año se agranda un poco más, no logra contener a toda la plantilla de agentes, y a todo el universo de dependencias, y busca la forma de expandirse.
Agotados los espacios públicos que puedan acogerlos, se procura rentar inmuebles privados, y casi siempre la condición sine qua non es que estén dentro del radio céntrico, mejor en cercanías del Centro Cívico, aunque algunos se ubican en una de las zonas más caras de la ciudad, en los alrededores de calles Mitre y Córdoba.
Las dimensiones del inmueble, y sobre todo su ubicación y la permanencia en su uso –es altamente improbable la mudanza de una repartición de un lugar a otro– suelen disparar los precios.
Hoy el Estado paga alquileres para el funcionamiento de oficinas en los sitios más insólitos, y más caros: la Peatonal San Martín, calles Córdoba, Santa Fe, Rivadavia, Tejeiro Martínez, Pasaje Falucho. El valor de los alquileres, por lógica, nunca está por debajo de los 5.000 pesos mensuales, aunque en algunos casos bordean también los 20 mil pesos.