El gobierno provincial que conduce Sergio Urribarri le quitó peso a la posibilidad de un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo Nacional a raíz del aumento de la tarifa del gas. Este martes por la mañana, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes sostuvo que se analizaba la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Sus dichos fueron una respuesta al planteo formulado por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti y el jefe de la bancada del PJ, José Allende, que a través de un proyecto de resolución pedían la intervención de Fiscalía de Estado para que frene el tarifazo promoviendo “en forma inmediata las medidas cautelares que correspondiesen, tal como lo han hecho en forma exitosa otros fiscales de Estado en distintas provincias, en defensa de la legalidad y de los intereses del Estado y sus ciudadanos provinciales”.
Rodríguez Signes aclaró que Fiscalía de Estado –como órgano que tiene a su cargo el control de legalidad de la actividad administrativa de la provincia- carecía de legitimación para actuar en este caso.
“Tenemos la representación judicial del estado provincial, no somos representantes de los consumidores ni de lo usuarios de servicios públicos, ni siquiera del pueblo de la provincia”, dijo y, en consecuencia, entendió que ese rol correspondía a la Defensoría del Pueblo, instituto introducido en la reforma constitucional de 2008 pero aún no reglamentado en la Legislatura.
“Esto quiere decir que tenemos un problema de legitimación importante como para promover una acción como la que ha hecho Tucumán o Chubut, donde lo hizo el Fiscal de Estado, pero en forma conjunta con el Defensor del pueblo”, explicó a Radio de la Plaza.
No obstante, Rodríguez Signes consideró que desde la Fiscalía “podríamos hacer algo, pero en tanto la provincia consumidora (en escuelas, organismos etc.) Ante ello tendríamos que litigar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación” porque “sería la provincia de Entre Ríos contra el Gobierno nacional y la competencia es la Corte. Lo estamos evaluando”.
Sin embargo, en horas de la tarde y tras difundirse la noticia, el Fiscal varió su posición. No se desmintió, pero relativizó y mucho la posibilidad de una demanda judicial que, naturalmente, acarrearía un importante impacto en la relación política que une Urribarri con los Kirchner.
“No es que no dije lo que dije. Pero quizás lo que me faltó decir fue que previamente a plantear una acción, a judicializar este tema creo que hay que informarse claramente sobre el por qué del incremento. Antes quiero hablar con el secretario de Energía de la Nación, antes quiero informarme. No voy a plantear una acción judicial sin agotar instancias administrativas”, aclaró en horas de la tarde.
“Nosotros estamos analizando la situación, recibimos la nota enviada por (Jorge) Busti y (José) Allende el lunes, con fecha 31 de julio y nos pusimos a analizar, nos informamos. No lo he contestado oficialmente, pero la posición es que no tenemos legitimación”, indicó.
“El Poder Ejecutivo no está evaluando medidas judiciales como primer camino. Lo que hizo fue mandarlo al secretario de Energía de la Provincia a la Secretaría de Energía de la Nación, en una reunión con intendentes donde junto con este tema se iban a tratar las obras de gas pendientes en Uruguay, Gualeguaychú y Concordia”, dijo el abogado.
¿Y el planteo en carácter de usuario? “Nosotros analizamos todas las posibilidades. Pero no tengo elementos como para asegurar que el aumento es inconstitucional, no he llegado a esa conclusión”, contestó el Fiscal.
Piden que intervenga la Defensoría del Pueblo
Los diputados provinciales Jorge Busti y José Allende, presentaron ayer un nuevo proyecto de Resolución referido a los incrementos de las tarifas del gas en la que proponen una actuación conjunta de Fiscalía de Estado con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná.
La iniciativa, en su parte resolutiva, solicita a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná que inicie las acciones legales tendientes a que se anulen, por ilegítimos e inconstitucionales, los cargos creados mediante decreto nacional 2067/08 (artículos 2º, 6º y concordantes), y las resoluciones administrativas que los reglamentan (resolución 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y resolución 563/2008 ENARGAS), en la medida en que tuvieron como efecto el incremento de la tarifa de gas de los consumidores y usuarios, asumiendo su representación en juicio.
En los fundamentos, los legisladores señalan que “como es de público conocimiento, en fecha 31.07.09 presentamos un proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados solicita al Sr. Fiscal de Estado que inicie acciones legales dirigidas a que se anulen los cargos creados mediante decreto 2067/08, que ocasionaron un sensible aumento de la tarifa de gas en usuarios y consumidores”.
Manifiestan además en el proyecto que “con posterioridad, el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia manifestó que él carecía de legitimación activa para intervenir en este tipo de juicios, lo que es contradictorio con la posición procesal asumida por similares funcionarios de otras provincias, habiéndose incluso admitido su calidad de parte (a modo de ejemplo, Justicia federal de Chubut)”.
Finalmente, Busti y Allende consideran qué “sin perjuicio de ello, y al solo efecto de no dejar indefensos y sin representación a este tipo de reclamos donde se dirimen derechos de incidencia colectiva, con este proyecto de resolución buscamos hacer extensiva la petición de representación en juicio de los intereses de los ciudadanos entrerrianos, ante la manifiesta ilegitimidad de los aumentos tarifarios cuestionados”, instando además la “actuación conjunta de ambos órganos de control, vale decir, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Estado, tal cual ha sucedido en la Provincia de Chubut; y por lo antes expuesto es que solicitamos la aprobación del proyecto”.
Fuente: El Diario
