EL PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL DE P. BELGRANO ES CUMPLIR LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA
Si hay un tema que debería haber reunido a estos dos funcionarios, es precisamente el cumplimiento de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó restituir el humedal que fue destruido y la eliminación de sus terraplenes ilegales de Amarras, que actúan como un dique proyectando las crecientes sobre la ciudad de Gualeguaychú.
Durante la construcción del dique de “Amarras” el intendente Davico siempre actuó como ‘promotor oficioso’ del malhadado proyecto. Emprendimiento ilegal que solo fue posible por las resoluciones y habilitaciones que fueron tomando sus funcionarios intervinientes en el expediente, a pesar de la enorme resistencia de la sociedad civil. Si solo se le hubiera exigido el cumplimiento de leyes que rigen en Entre Ríos, este tipo de intervenciones, que establecen que los operadores de emprendimientos que pudieran tener implicancias ambientales deben tomar un Seguro Ambiental que eventualmente repare los daños que puedan ocasionar. Seguro Ambiental, que, de haber existido, hubiera permitido disponer los fondos necesarios para dar cumplimiento al fallo de la SCJN, que ordena la destrucción del dique.
EL CASO ARENERAS RATIFICA QUE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN CURSO, SON POSIBLES PORQUE NO SE RESPETAN NI LA CONSTITUCIÓN NI LAS LEYES
El gobierno, durante la actual gestión ha sido muy desprolijo en dar cumplimiento a las disposiciones legales que regulan las acciones de intereses particulares que afectan el interés público, como hemos señalado en diversas ocasiones.
El caso ‘areneras de Ibicuy’ que hoy ha cobrado notoriedad nacional, es un ejemplo de lo que afirmamos: Intereses privados, que involucran, situaciones dudosas, todavía no aclaradas por la justicia, a funcionarios públicos, afectando gravemente el patrimonio del Estado provincial, sin que medie una actuación enérgica del ejecutivo y sus ministros, que señalen claramente la subordinación de la gestión a las decisiones judiciales.
Los amparos que ha otorgado la Justicia Federal y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para poner freno a las ilegalidades habilitadas por los funcionarios responsables, deberían ser un llamado de atención para el ejecutivo y en homenaje al respeto al Estado de derecho ser cumplidos escrupulosamente, algo que a todas luces no ocurre.
EL ‘DOBLE ESTANDAR’ DE ALGUNOS POLÍTICOS FRENTE A LO LEGAL
Lo que señalamos nos permite recordar una situación similar, también avalada por el actual gobierno, en la que un ‘Barrio náutico’ (SIC), tan ilegal como Amarras, construido destruyendo un humedal, en una propiedad del actual diputado Rogelio Frigerio, que tampoco ha recibido la intervención de los órganos ejecutivos para impedir este atropello ambiental.
Incluso RF, exhibe un notorio ‘doble estándar’ en sus valoraciones sobre las acciones de la justicia: recientemente opinó (por el caso Goyeneche) que hay que ‘dejar actuar a los fiscales’. aunque insólitamente denunció como ‘operador Kirchnerista’ al Fiscal Marijuan, que lo investiga a él, precisamente por obtener ‘beneficios’ por resoluciones adoptadas por el hoy diputado entrerriano cuando era funcionario macrista.
Las responsabilidades penales de los funcionarios provinciales responsables, en el caso areneras todavía no son materia judicial, aunque probablemente lo serán en el futuro, y esperamos que finalmente la justicia los ponga frente a sus responsabilidades legales y se hagan cargo de las consecuencias penales y resarcimientos económicos de sus actos.
Que la fiscal Cecilia Goyeneche a la que los MENTI-MEDIOS muestran como adalid ANTI corrupción, ni su jefe García, no haya reparado en los “negociados fabulosos” y nonc-santos que los entendidos aseguran que hay alrededor de este caso, habla de ellos y de su interés real por descubrir hechos reñidos con la transparencia republicana.
[i] https://noticias.entrerios.gov.ar/notas/proyectan-obras-de-infraestructura-y-ambientales-para-pueblo-belgrano.htm
