Mediante decreto, el gobierno provincial destinó 180.000 pesos para el funcionamiento del sistema de conjueces en los procesos que tengan por objeto resolver reclamos de magistrados y funcionarios judiciales, vinculados con los haberes o condiciones laborales o inherentes a sus funciones.
La medida se dio en respuesta a la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Justicia (STJ) de declarar inaplicable el sistema ante “la falta de previsión presupuestaria para atender el gasto que implica la necesaria remuneración de esos letrados por la actuación en cada proceso” y mantener la vigencia del régimen tradicional de reemplazos.
Al respecto, el vocal del Alto Cuerpo, Juan Carlos Ardoy indicó que “seguramente el Ejecutivo recibió la comunicación de la imposibilidad de aplicar la norma con relación a los conjueces y resolvió destinar los fondos necesarios”.
Remarcó que la decisión del STJ “no fue antojadiza” y explicó a Uno que “se debió a la falta de partida para las designaciones y eso tuvo que haber determinado que el Ejecutivo hiciera la designación presupuestaria”.
Los conjueces, en primer término son ad honorem, su cargo dura dos años y cobran en circunstancia de que se los designe para algún caso en particular.
