Di Bello, quien hace quince días rompió el silencio para hablar de lo que fue su gobierno durante el período más duro de la dictadura militar, firmó un decreto en 1978 por el cual enajenó tierras de dominio público sin seguir los pasos legales previstos para desafectar bienes de la Provincia. Por eso, si bien ese extensísimo predio fue vendido, y comprado y pagado por un particular, su propiedad está en dudas: los dictámenes oficiales de la administración del gobernador Sergio Urribarri dan cuenta que al no haber sido escriturados, se mantienen bajo propiedad del Estado entrerriano.
Pero para hacer valer esos derechos, la Provincia deberá entablar una demanda judicial. De ese modo, Di Bello volverá a estar frente a un juez: ya lo hizo en 2009 cuando fue citado a prestar declaración testimonial en el marco de la Causa Area Concordia que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que investiga la desaparición de personas durante la última dictadura militar.
El caso saltó a la luz por un hecho fortuito: un particular, Daniel Rey, socio gerente de la firma Agencia Marítima El Hauar, con domicilio en San Lorenzo, Santa Fe, inició en julio de 2009 un trámite ante la Dirección de Tierras Fiscales de la Provincia con el fin de pedir en usufructo una franja costera de 100 metros de ancho por 1.000 de largo, sobre la margen del río Ibicuy, para construir un atracadero de barcazas en un sector insular de Las Lechigunas que forma una especie de península, en el sector que para los planos catastrales está identificado como F Sur.
El pedido abrió una investigación para determinar la situación fiscal del predio, su ubicación y estado de ocupación. El lote solicitado en “tenencia precaria” por el empresario forma parte del paquete de tierras fiscales puestas a la venta por el gobierno de Di Bello a través del Decreto Nº 2.319 del 10 de julio de 1978. Un primer dictamen, firmado por Pablo Bonato, asesor legal de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales, apunta que el predio forma parte de una superficie mayor adjudicada en aquella operación inmobiliaria a la firma Florizú SRL, a través del Decreto Nº 1.084 del 9 de abril de 1979. Aunque con una peculiaridad: si bien el Gobierno provincial autorizó su venta, nunca fue escriturado por los privados, y por lo tanto sigue bajo dominio público.
Así, el abogado Bonato concluye que la venta producida por Di Bello desatendió lo dispuesto en el Código Civil –toda enajenación de tierras de dominio público debe estar amparada en una ley del Congreso Nacional– y por tanto considera que el Decreto Nº 2.319 “es inconstitucional” y por eso mismo recomienda “promover la declaración de lesividad”.
La abogada Alejandra Sione, asesora legal de la Secretaría de la Producción, a su vez, reforzó el criterio de que aquellas 13.037 hectáreas que Di Bello pretendió vender, y por las cuales un privado pagó, siguen perteneciendo al dominio pùblico por cuanto “a la fecha no ha sido concluido el trámite de escrituración pertinente”.
“Cuando empezamos a ver los antecedentes de la tierra fiscal que pide este señor Rey, caemos en la cuenta de que se trata de una superficie incluida dentro de una extensión mayor, 13 mil hectáreas, de la Sección F Sur de Las Lechiguanas. Esas 13 mil hectáreas habían sido vendidas por Di Bello, siendo gobernador, en 1978, por decreto”, reveló a EL DIARIO el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Pero como no se cumplieron las formalidades que manda la ley en ese tipo de operaciones que involucra bienes del Estado provincial, lo que sigue es la sanción de un decreto, con la firma del gobernador Sergio Urribarri, que declarará lesiva aquella operación –en buen romance, la nulidad–, con una formal denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). De ese modo, la Provincia podría recuperar para el dominio público las 13 mil hectáreas que Di Bello privatizó en 1978, aunque antes mediará la apertura de una causa judicial que llevará al ex gobernador de facto a los tribunales.
Planteada así la situación, deberá obligadamente salir del ostracismo que se autoimpuso en las últimas décadas el brigadier retirado nacido en Buenos Aires pero que, concluida su gestión en la Provincia, decidió permanecer residiendo en Paraná. Aunque de su paso por la administración no guarda buenos recuerdos, según se lo confesó hace quince días al semanario Análisis. “No debía haber aceptado la Gobernación cuando ya estaba retirado”, dijo.
Depuesto el gobernador constitucional Enrique Tomás Cresto, luego del golpe de Estado de 1976 asumió la gobernación de Entre Ríos el coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco, aunque durante un brevísimo período, ya que pronto le dejó el mando de la Provincia a Di Bello, un miembro de la Aeronáutica que se había retirado del servicio activo un año antes, en 1975, y que hasta aquí no ha sido salpicado por las causas judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad.
