Por orden de la jueza federal subrogante, Myriam Stella Galizzi, el secretario electoral Gustavo Zonis le explica al Gobernador que “al igual que en los procedimientos que vienen formalizándose para la realización de la elección de convencionales constituyentes por esta jurisdicción, el plebiscito solicitado requiere de la implementación del procedimiento establecido en las disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Simultaneidad Nº 15.262, Dec.Nº17.265 y lo normado por la Acordada Nº 145/2004 de la Excma. Cámara Nacional Electoral”.
En el oficio Nº 224/07 se indica que “por esta circunstancia y siendo el Alto Tribunal (la Cámara Nacional) el órgano jurisdiccional competente para autorizar el plebiscito, previo análisis del cronograma electoral que se establezca, es que una vez formalizada la convocatoria y comunicada a esta jurisdicción, se elevarán las actuaciones para la consulta pertinente, en el marco de las normas antes consignadas”.
Otra etapa
La noticia de que el Gobierno planeaba dirimir el conflicto docente en las urnas se conoció el 22 de agosto, en medio de un acto al que convocó el oficialismo con el explícito objetivo de debilitar el reclamo docente de aumento salarial.
La multitudinaria movilización de las estructuras partidarias del PJ y sus aliados en el poder pretendía poner de relieve que en las recientes elecciones del 18 de marzo, casi la mitad del electorado entrerriano votó por una política de recomposición salarial “responsable” que, como explicó el Gobernador en su consulta a la Justicia Electoral, no se salía de las previsiones presupuestarias.
Ese contexto de anuncio de la consulta popular no dejaba lugar a dudas sobre su sentido confrontativo, con un Gobierno confiado en que la mayoría del electorado lo acompañaría en un plebiscito así planteado y con una dirigencia gremial plenamente consciente de ello.
Pero, a medida que pasaron los días, se fue diluyendo la consistencia de la amenaza oficial.
Primero, desde el Gobierno nadie salió a despejar con claridad las dudas que se abrieron sobre la posibilidad material de cumplir con los plazos para efectuar la convocatoria a una consulta popular. Según la ley provincial, el tiempo para hacerlo caducó el pasado miércoles.
Y ahora se conoce que, tras la indicación de la Justicia, el Ejecutivo no hizo nada que demuestre voluntad política de seguir adelante: como mínimo debería haber efectuado la convocatoria y buscado que la Cámara Nacional Electoral la apruebe cuanto antes.
El círculo de la virtual caída de la consulta popular se cierra con esta nueva etapa negociadora que se abrió en las últimas horas en el conflicto docente. La caída es por ahora virtual porque todavía no se la da por oficialmente desechada, aunque tampoco se explica en observación de qué plazos y con qué recursos encararía un plebiscito.
