La represión desenfrenada ordenada por el gobierno radical de Sergio Alberto Montiel, vía su ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Enrique Carbó y el Jefe de Policía, Victoriano Ojeda, sugiere lecturas mucho más rigurosas y profundas que una mera descripción de los episodios que tanto dolor dejaron en la ciudadanía entrerriana. La forma en que se fue ejercitando el operativo y las consecuencias que tuvo –nada menos que la muerte violenta de tres inocentes en medio de agresiones de todo tipo hacia centenares de paranaenses, con toda la gama de equipamiento ad-hoc financiado por el sacrificado bolsillo de contribuyentes también víctimas-, dieron la dimensión del mensaje que el Poder Ejecutivo tenía preparado con fines aleccionadores. El gobierno entrerriano ha condenado una y otra vez los episodios del Diciembre sangriento en Paraná, pero no ha adoptado medidas concretas con algunos altos oficiales, que actualmente ocupan cargos en la conducción de la fuerza y, sin embargo, tuvieron participación activa en la represión de 2001, como el caso del comisario Carlos Catena, a quien varios testigos denunciaron por su rol represivo en los hechos de la zona de Wal Mart, donde se produjeron dos víctimas y varios heridos. Catena es hoy subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.
Muchos gestos y acciones que desde la policía, convertida a veces en guardia pretoriana (y no estamos en Roma) de los gobiernos de turno, enfilan hacia las protestas populares, no son más que el resultado de políticas a las que se somete al vigilante y que lo llevan a generar en él una ciega obediencia, instalándole el concepto de autoridad indiscutible e ilimitada a la hora de “imponer el orden”.
Si encima de todo esto, que hace reflexionar seriamente sobre los verdaderos contenidos programáticos y bases curriculares diseñados para los institutos de formación policial, desde la cúpula gobernante se profesan ideas que confluyen en un exceso de autoridad rayano en el ultramontanismo, bajo la doctrina del “a toda costa” y el exclusivo lenguaje del bastón y la 45, se concluye en que a veces cierta policía no defiende al honesto ciudadano sino que es éste quién se debe defender de ella.
Más grave aún, si luego de esa irracional represión de hace cuatro años, donde hombres, mujeres, ancianos y niños fueron arreados a Itaka limpia, incluyendo la muerte de Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel, el poder dominante terminó felicitando a los participantes, significa que en nuestra provincia y contradiciendo a los filmes de acción de Hollywood, se terminó premiando a los villanos. Los elogios para el malvado y las cachetadas condenatorias para el rostro de John Wayne.
No nos parece impertinente la metáfora, porque a juzgar por los dichos del empleado no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Adrián Meynier, quién brindó su testimonio impactantemente desgarrador ante un magistrado judicial, personas que protagonizaron el atropello de aquél diciembre trágico, no sólo nunca fueron llamadas a dar cuentas de su conducta, sino que avanzaron en la escala jerárquica y hasta se las viene distinguiendo con la asignación de altas responsabilidades.
Aunque no implica formular juicios acusatorios de nuestra parte, nos remitimos al relato público del denunciante –cuya exposición está asentada en el expediente que instruye el juez de Instrucción Ricardo González- donde menciona en detalle y con certeza los atropellos y las agresiones físicas y torturas psíquicas sufridas en aquéllas luctuosas jornadas. Y como soporte de las cosas que le tocó padecer, menciona al oficial Carlos Catena como principal interviniente, con metodologías reñidas con los procedimientos que se imponen a un defensor de la ley y el orden.
Los elementos que utiliza la policía ante una eventual inhalación de humo o gases, también pueden llegar a servirle como camuflaje para su identificación. Pero según Meynier, este no fue el caso de su imputado, porque pudo grabar con precisión su rostro, hasta podría ubicar su voz y detallar el momento en que, a metros suyo, cargaba su arma en actitud intimidatoria.
Por eso es difícil conciliar estas conductas con los reglamentos internos y hasta con un elemental sentido de autocontrol a la hora de cumplir con un deber de tanta trascendencia.
Sin embargo, ni en el gobierno que generó estos despropósitos ni en el actual, se advierten signos correctivos que no significan condenas a priori sino, mínimamente, investigación con seriedad y apego por la justicia. No se sabe cuándo el oficial aludido fue convocado por el juez, en qué momento se presentó espontáneamente a aclarar su situación ni tampoco qué sanción le aplicaron sus superiores en base a informes de la división Asuntos Internos. Sí, en cambio, la sociedad conoce que hoy permanece en funciones muy importantes y delicadas –nada menos que vinculadas con el área de investigaciones en toda la provincia-, mediante resoluciones adoptadas por el gobierno en turno, que seguramente no ha indagado lo suficiente en cada legajo.
Sería muy bueno que todo esto se aclare y explique. Para bien de una institución que debe ser herramienta incondicional de la justicia y para mantener incólume la dignidad del ser humano.
