“Vamos a escuchar a los distintos sectores de la sociedad sobre qué opinan respecto de la reglamentación”, manifestó el presidente de AFSCA, Gabriel Mariotto, quien agregó: “Luego, en unos 15 días, le presentamos el texto a la Presidenta”.
Dentro del debate estará el artículo 161, que establece el plazo de un año, desde su reglamentación, para que las empresas que incumplan con las nuevas cláusulas antimonopólicas se adecuen a la ley. Este punto fue objetado judicialmente por el Grupo Clarín, que logró que el juez porteño Edmundo Carbone –conocido por haber prohibido la difusión en los ’90 de la película La última tentación de Cristo– dictara una medida cautelar días antes de que entrara en vigencia su jubilación. Aunque la objeción incluía a otros artículos, la Cámara sólo ratificó la decisión sobre el 161.
Por este motivo, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentó un recurso extraordinario el 31 de mayo para que decida la Corte Suprema. En caso de que la Cámara no conceda la apelación, el Gobierno nacional irá en queja ante el máximo tribunal. Al respecto, Mariotto dijo: “Ese artículo ha sido cuestionado por el grupo monopólico Clarín y estamos esperando el fallo de la Corte. Nosotros estamos confiados en el texto de nuestra ley y sabemos que el fallo independiente va a certificar lo que aprobaron senadores y diputados”.
“El plazo de un año para la desinversión empieza, sólo, cuando se firme el decreto reglamentario del 161, que va a ser en los próximos días”, resaltó el funcionario.
A diferencia de lo ocurrido con los procesos judiciales de Mendoza y Salta, donde los peticionantes fueron diputados, en el expediente seguido en los tribunales de la Ciudad Autónoma, quien inició la causa fue un grupo mediático que argumenta haber sido afectado por la sanción de la ley de medios. Sobre esa postura hay jurisprudencia dividida entre quienes priorizan el derecho de propiedad y quienes resaltan el rol del Estado como garante del cumplimiento de las concesiones y del mejor servicio a los ciudadanos.
El Gobierno nacional utilizó en diferentes declaraciones públicas de sus funcionarios el argumento de que Estados Unidos otorgó el plazo de un año a la empresa Microsoft para desprenderse de sus posiciones dominantes en el mercado informático.
En paralelo, también continúan abiertos los expedientes de Salta, Mendoza, San Juan y San Luis. En la provincia del norte hay dos causas: la que la Cámara desestimó como cautela y continúa como un proceso ordinario, y la que inició una entidad de defensa de los consumidores contra algunos artículos particulares que considera perjudican a la producción de contenidos. Hay pedidos de inconstitucionalidad pendientes de resolución en segunda instancia en San Juan.
Al igual que lo que ocurrió con la Cámara de Salta, en Mendoza, a partir de la sentencia unánime de la Corte, el expediente pasó a trámite ordinario. No obstante, fuentes gubernamentales estimaron que ambas causas se cerrarán en breve porque el máximo tribunal cuestionó la legitimidad de los diputados para intervenir. Aunque también se convirtió en un proceso ordinario, la causa iniciada por el gobierno de San Luis –a través de su tv pública– sufrirá un trámite largo porque interviene la Corte como juzgado de primera instancia a raíz de que es un conflicto entre Estados, donde se cuestionan más de 130 artículos. Recién comenzó el proceso de recolección de pruebas, consigna BAE.
