Así las cosas, en la reunión de gabinete concretamente se analizarán las conclusiones del seminario realizado por la Fiscalía de Estado de la provincia y la Oficina Anticorrupción de la Nación y se explayarán las advertencias y consejos vinculados a la transparencia, la ética pública y los procesos de anticorrupción, brindados en el informe realizado por la Universidad Nacional del Litoral, para la administración central y los entes descentralizados del Estado provincial.
Cabe recordar que este informe reveló numerosas grietas por donde puede colarse la corrupción en el Estado provincial. Señalaron que las normas no ayudan en la prevención, que la Oficina Anticorrupción local (a cargo de Luís Pedemonte), carece de autonomía elemental, su jefe no tiene siquiera estabilidad y no cumple prácticamente ninguno de los enunciados de esa Oficina. Los expertos apuntaron también que la selección de empleados públicos roza lo “clientelar” y que las declaraciones juradas de los poderosos están prácticamente escondidas, en un sistema inútil. Advirtieron que el gobierno no publica algunos decretos, que esquiva demasiadas licitaciones, y que los sistemas de compras son permeables a las irregularidades, entre otras falencias
Para Busti hay “un punto de vista distorsionado” en este tema
A pesar del contundente informe y la terrible situación que revela, el gobernador insiste en que fue su propio gobierno el que solicitó esta radiografía, lo que intenta ser mostrado a toda costa como un atenuante.
En el transcurso de este fin de semana, el gobernador suscribió una nota al respecto bajo el título “Transparencia de un gobierno” que se transcribe textualmente a continuación:
«Mucho se ha hablado en estos últimos días sobre la transparencia en el Estado y aunque algunos se empeñen en brindar un punto de vista distorsionado, podemos asegurar que fue esta gestión de Gobierno, mi gestión de Gobierno, la que tomó la decisión de realizar un análisis para mejorar la calidad institucional entrerriana.
La realización de este diagnóstico es producto de la decisión política que tomé al comienzo de mi gestión para mejorar la calidad institucional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción y detectar las fortalezas y debilidades que podía presentar el Estado provincial.
Es por eso que hoy puedo asegurar que el informe que hizo la Universidad Nacional del Litoral forma parte de la Política de Estado implementada por este Gobierno y para ello tomé la decisión de incluir a Entre Ríos en el Plan Provincias, diseñado por la Oficina Anticorrupción de la Nación, firmando el 21 de octubre de 2004 un Convenio de Asistencia y Cooperación.
El Plan Provincias tiene como una de sus etapas la de someter al Estado a un exhaustivo análisis a cargo de expertos, cuyas conclusiones fueron debatidas, con la participación de los propios organismos del Estado y de la sociedad civil en el Seminario sobre Transparencia y Control de la Corrupción, que se llevó a cabo el día jueves pasado en el Hotel Mayorazgo de Paraná.
Todo este camino que desde el inicio de esta gestión estamos recorriendo, está perfectamente documentado e incluso se fue dando a conocer a la población a medida que se iban concretando las distintas etapas, no sólo a través de los medios masivos de comunicación sino también en el sitio web de la Oficina Anticorrupción y Ética Publica de la Provincia (www.entrerios.gov.ar/anticorrpcion).
Luego de concluido todo el proceso de análisis de las instituciones del Estado por parte de la UNL, el informe fue dado a conocer públicamente incluso antes de la realización del seminario de validación y tal como estaba previamente convenido con el Gobierno nacional como una muestra más de la voluntad política de transparentar esta gestión de Gobierno.
Este proceso debe continuar independientemente de quien esté gobernando la provincia, y el próximo paso es el diseño de un plan de acción para fortalecer la transparencia a corto, mediano y largo plazo, sobre la base de las debilidades y fortalezas detectadas y debatidas en el Seminario; tarea que se llevará adelante en conjunto entre la Oficina Anticorrupción de la Provincia y la Dirección de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación.
Además, antes de fin de año se elevará a la Legislatura el Código de Etica Pública que contiene el sistema de declaraciones juradas públicas e informatizadas de todos los funcionarios del Estado; lo que en particular personalmente he hecho siempre.
Pero no sólo el análisis y diagnóstico contribuyen a transparentar una gestión, fundamentalmente transparencia es gastar todos los años de acuerdo a una Ley que autoriza ese gasto cual es la Ley de Presupuesto, conocida como la Ley de Leyes.
El acto más corrupto de un Gobierno es gastar sin esa Ley de Presupuesto que fue lo que se realizó en Entre Ríos desde 1999 hasta 2003.
Esta gestión, mi gestión, manda anualmente a la Legislatura en tiempo y forma el Proyecto de Ley de Presupuesto, como lo marca la Constitución, y ha sido esclava del mismo, lo cual es una forma de hacer transparencia.
Pero también es transparencia publicar los actos de Gobierno y nosotros publicamos en nuestro sitio digital todos los actos de Gobierno y los decretos del Poder Ejecutivo, que no se publicaban en el Gobierno anterior.
También, transparencia es mejorar la designación de los jueces en la provincia de Entre Ríos. Salvo la facultad constitucional de enviar los pliegos para los miembros del Superior Tribunal, este Gobierno en forma transparente, y con la participación de Organizaciones No Gubernamentales en el Consejo de la Magistratura, designó 34 jueces entre los cuales no hay ningún pariente o amigo del gobernador. Más aún, me he auto obligado a designar al primero de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura.
Presupuesto, publicidad de los actos de Gobierno y designación de los jueces de acuerdo al Consejo de la Magistratura, son cuestiones que hacen a la transparencia de un Gobierno.
Además las audiencias de la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales del Senado Provincial son públicas (antes eran cerradas) y con un cronograma publicitado para interponer impugnaciones u observaciones a los pliegos y con audiencias donde funciona el Juzgado que tiene la vacante (es decir en todo el territorio provincial), en una palabra, fomentando la participación popular en la designación y selección de los jueces, lo cual mejorará la independencia y calidad de nuestro Poder Judicial.
Hoy en Entre Ríos todos pueden ser reelegidos: diputados, senadores, intendentes, presidentes de organizaciones intermedias, secretarios generales de los gremios, rectores de universidades. Sin embargo en la Legislatura Provincial hay un proyecto de Reforma de la Constitución, enviado por el Poder Ejecutivo, que mantiene la cláusula de no reelección para los únicos que no pueden ser reelegidos en esta provincia: gobernador y vicegobernador, y cuyo fin es mejorar la calidad institucional.
Aprovechemos esta oportunidad y demos rango constitucional al Consejo de la Magistratura para que ningún gobernador en el futuro lo pueda cambiar – ya que hoy está por decreto- y a la autolimitación de designar el primero de la terna que envía el Consejo de la Magistratura y de esa manera ganamos en transparencia “real”, no declamada, y en mayor independencia del Poder Judicial».
