Lo que debiera ser regla de sana administración, suele convertirse en demanda inexorable cuando para llegar a fin de mes los gobiernos deben contar hasta las monedas. Y, entonces, aquellos aspectos que en tiempos de calma fiscal suelen ser dejados para otra ocasión, sencillamente porque generan turbulencias en el estanque de la política chica, recobran relevancia cuando la idea es volver operativo eso abstracto a lo que alude la expresión “optimizar el gasto”.
En efecto, un paper que el fin de semana fue puesto a disposición del gobernador Sergio Urribarri vuelve a instalar en la agenda oficial una situación crítica, vinculada a lo que el propio trabajo caracteriza como “ausentismo abusivo”, en directa alusión a un mecanismo enquistado en la administración pública, endémico, naturalizado, de complejo y sin embargo aceitado funcionamiento.
El aparato que funciona a las sombras incluso de los sistemas estatales de control y verificación reconoce dos líneas de producción del engaño: a) una tendencia extendida e individual en el mundo laboral, público y privado, por la que se suele aprovechar todos los pliegues normativos y sus enormes posibilidades para evitar concurrir al trabajo aún estando en perfectas condiciones psicofísicas; y, b) lo que es peor aún, una red con nodos estratégicamente ubicados que convierten al sistema de suplencias en un insumo de burocracia clientelar, capaz de convertir lealtades promiscuas en un ingreso mensual constante y sonante, con engranajes que incluso llegan para reemplazar a piezas que están en actividad. Puede parecer curioso y hasta inverosímil, pero suele ocurrir que “reemplazante” y “reemplazado” se conviertan en compañeros de trabajo, sin que uno sepa que el de al lado resulta ser su suplente, a pesar de que formalmente no ha tomado licencia ni la ha pedido.
O, peor aún, enterarse que en “los papeles” uno tiene un empleado mellizo, postizo, bajo la categoría de suplente, que cobra total o parcialmente lo estipulado, a quien no conoce porque ni siquiera se le impone la carga de concurrir a los lugares habituales de desempeño laboral. No hay que ser un entendido para advertir que, si la detallada descripción fuera rigurosa, lo que emerge no es sino la presencia de empresitas en las que la política comarcal se entrevera con la necesidad de un ingreso (incluso sin contraprestación a la vista), para beneficio final de unos pocos con influencia suficiente como para colocar adeptos en lugares claves dentro de las distintas estructuras de conducción, facilitadores de este tipo de relaciones.
Por fuera de estas cuestiones, aparecen primero aspectos estrictamente fiscales y, de su mano, criterios de diseño de las políticas públicas, que el paper presenta a modo de conclusiones preliminares, destacadas con resaltador: “En el sistema de Salud Pública más de la mitad del personal de planta está de licencia extraordinaria, lo que representa un costo adicional en salarios de 91 millones de pesos al año cuando se invierten 66 millones de pesos al año para mantener los servicios y toda la red de hospitales y centros de salud”. El panorama no es diferente en Educación, área en la que el pago de reemplazos representaría el 12 % de la masa salarial total.
La carpeta que llegó hasta Urribarri tiene un anexo con casos testigo, todos con nombre, apellido y número de legajo, y (en lápiz) padrino, tutor o encargado, si hubiera sido detectado. Algunos son paradigmáticos, otros directamente groseros. Uno de ellos, es una fotocopia de un diario entrerriano donde se informa que una deportista de Gualeguaychú ganó un premio en artes marciales. A primera vista, se trata de un acontecimiento menudo que no debiera provocar sino medida satisfacción salvo que se tratare –como efectivamente ocurrió— de un reconocimiento extendido a una docente en uso de licencia por enfermedad desde hacía meses.
No fue el único incorporado al informe. Un agente de un centro de salud del departamento La Paz se enteró un día que lo habían licenciado por enfermedad y que había otra persona reemplazándolo. Lo llamativo es que el titular se encontraba trabajando normalmente, al igual que su suplente. El “reemplazado” declaró que nunca había solicitado certificado médico alguno. Otro más. Un empleado del Consejo General de Educación con “problemas de salud” solicitaba licencias periódicas, mientras cumplía con asistencia perfecta con sus obligaciones laborales en una empresa dedicada a la venta de medicamentos. Y como éstos, tantísimos.
Acaso sin el conocimiento pormenorizado de las situaciones puntuales, dedicado sobre todo a proyectar los números, a anualizar los desempeños, luego de marcar tendencias y de comprobar la necesidad de ajustar gastos de funcionamiento a un esquema de ingresos marcadamente ceñidos, el propio ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero, llamó la atención sobre este asunto en una reunión de gabinete de la que poco trascendió, ocurrida el viernes por la mañana, en la Casa de Gobierno. Allí, el responsable de las cuentas públicas provinciales habló que “distorsiones inadmisibles”, presupuestarias y normativas, conforme una amplia gama de combinaciones coordinadas para generar salarios sin contraprestaciones laborales.
Luego de aquel encuentro de trabajo, hubo acuerdo para integrar la realidad de cada área en un mismo paper, entregado en las últimas horas al Gobernador. De ese trabajo surge que: a) en el año 2005 se abonaron en Salud casi 143 millones de pesos en salarios y 33 millones en suplencias (23,2 %); b) en el 2006 la relación fue 192,5 millones en sueldos y casi 56 millones en suplencias (29,1 %); en 2007 se pagaron en sueldos unos 274 millones de pesos y 61,5 millones en suplencias (22,4%); en 2008 se pagaron unos 386 millones en sueldos, contra los casi 91 en suplencias (23,5 %).
En tanto, en Educación, el personal suplente ha representado en promedio en los últimos cinco años entre el 11% y el 12,5% de la masa salarial total del área. Sin ir más lejos, en 2008 se destinaron al pago de suplencias 160 millones de pesos.
En rigor, se frotan las manos los funcionarios mientras imaginan –por ejemplo— que buena parte de los 90 millones destinados a suplencias en Salud pudieran engrosar los 62 millones de pesos presupuestados para los hospitales o los 4 millones de pesos destinados a financiar el funcionamiento de los 290 centros de salud, en el marco de una política que salga a fortalecer la prevención.
Pero la detección del problema es sólo una parte del asunto. La otra cuestión es cómo dar con una solución propicia, por qué medio distinguir la licencia justificada de la tramposa, cómo mejorar el control que el propio Estado dispone sobre las distintas situaciones sin afectar derechos adquiridos, en un contexto en el que los diagnósticos de “estrés laboral” parecen ser el último grito de la moda.
Fuente: El Diario
