La norma argumenta que los aumentos deben fundarse "en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgo". Asimismo, advierte que las entidades de medicina prepaga "deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de dicho aumento"
