La diplomática entregó en la sede del tribunal un escrito con los fundamentos de la demanda que abrió este juicio. En esa memoria —un mamotreto de 2.500 páginas— se acusa a Uruguay de incumplir cinco veces un tratado que los dos países firmaron en 1975 para administrar juntos el río fronterizo. Antes de analizar esto, los jueces deben pronunciarse sobre lo que más incomoda al Gobierno: los cortes en los pasos internacionales contra las papeleras.
A fines de noviembre, Uruguay le pidió a la Corte que dicte una medida cautelar para que la Casa Rosada ponga fin a los bloqueos. El tribunal es renuente a conceder medidas provisionales, de acuerdo a su jurisprudencia. Pero en julio, cuando las rutas todavía estaban despejadas, les advirtió a los dos Estados que no agravaran el conflicto; los bloqueos en Gualeguaychú, Colón y ahora Concordia podrían encajar perfecto en esa exhortación.
En el Gobierno son poco optimistas: se conformarían con que las eventuales consideraciones de la Corte sobre esta situación sean de tono moderado. Fuentes oficiales dijeron a Clarín que, si La Haya fallara en contra, dejarían que actúe la Policía de Entre Ríos y que su intención es que el tema se circunscriba a la provincia.
El artículo 41 del reglamento del tribunal prevé que las medidas provisionales «se notificarán de inmediato» al Consejo de Seguridad. La Corte no tiene la posibilidad de hacer cumplir sus resoluciones por sí misma.
En este sentido, Ruiz Cerutti aclaró ayer: «Es relativo que La Haya no tenga poder de policía, como se suele decir. Este es un órgano de la ONU. De no ser cumplidas, sus decisiones pueden ser llevadas al Consejo por la parte que se sienta damnificada.»
Sin embargo, también es cierto que cuando fue condenado Estados Unidos, por la aplicación de la pena de muerte en su territorio (casos «Breard», en 1998, y «La Grand», en 1999), desobedeció y nunca fue sancionado.
A la hora de hablar de los fundamentos de la demanda que presentó ayer, Ruiz Cerutti especuló con que si el tribunal entiende en el futuro que Uruguay violó el Estatuto y que las plantas contaminan, podría disponer hasta «el desmantelamiento» de las fábricas. Agregó que el hecho de que ENCE relocalizara su planta no mejora la posición uruguaya, «porque la autorización unilateral ya fue concedida».
Las otras violaciones denunciadas serían la autorización a ENCE para que construya un puerto, más los permisos a Botnia para su planta, para su puerto y para la extracción de agua del río Uruguay. El escrito completo es confidencial hasta que la Corte de La Haya lo haga público.
