Tanto la Fiscalía de Estado como la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia emitieron sendos dictámenes sobre el proceso de licitación y adjudicación del puerto de Ibicuy, que fuera realizado por la gestión anterior. Ambos informes son lapidarios en cuanto a las supuestas irregularidades cometidas tanto en el proceso de llamado a licitación como en la adjudicación.
Ante esta situación, el gobernador anunció que el puerto será administrado por el Estado provincial con participación de empresarios entrerrianos exportadores.
Luego de estos dictámenes donde encontraron “irregularidades”, el gobernador Busti anunció a Uno que anulará la adjudicación otorgada a la empresa entrerriana Cemyc SRL. Esta empresa ofreció encarar un plan de obras por un monto de 10.813.821,45 pesos, en dos etapas, y un canon a pagar del 10 por ciento durante el período de concesión, estipulado en 20 años, con opción a otros 10 años. El ofrecimiento se aprobó mediante el decreto Nº 7.214 del 5 de diciembre del 2003, que tomó estado público el 8 de ese mes, aceptándose “en todos sus términos” la propuesta de la firma y se le otorgó la concesión del servicio por 20 años corridos.
Ahora la intención del gobierno es conformar una sociedad de Estado con participación privada desde el gobierno provincial, por lo que se están realizando contactos con empresarios entrerrianos exportadores.
