«La decisión es hacer algo, pero todavía se está evaluando el cuánto y el cuándo. Hoy no está», confirmó ayer a LA NACION una fuente oficial que participa de la discusión. El director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, es el encargado de ese análisis. Consultado el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que «por ahora no hay nada».
Otras fuentes explicaron que la idea es «evitar mejoras a los que ganan haberes altísimos, lo que genera el mayor impacto fiscal».
Esa franja le generó a la Anses una deuda aún impaga de 13.000 sentencias firmes por 3000 millones de pesos y un flujo de 2500 juicios por mes, que ya suman 400.000 causas.
La suba que analiza ahora el Gobierno se pagaría antes de fin de año, por fuera de la suma fija de entre 450 y 500 pesos de diciembre de 2010.
El Gobierno buscaría anunciar un aumento significativo para escalas bajas, que pueda disimular la decisión de la Presidenta de haber vetado la ley del 82% móvil que impuso la oposición en el Congreso, y que se aplicaba a las jubilaciones mínimas y a las restantes, que no se habían actualizado tal como lo ordenó la Corte Suprema.
«No se hará mención al 82%, pero podría acercarse a ese número, aunque nunca para las escalas mayores», confirmaron en la Casa Rosada. Otra certeza es que ese aumento se implementaría por afuera de la ley de movilidad jubilatoria, que estipula dos aumentos por año, que el Gobierno otorgó en 2010 (9,6% en marzo último y 16,9% en septiembre). «Si fuera dentro de la movilidad, no tendría impacto y la idea es capitalizarlo», se informó.
El gran dilema en Balcarce 50, tras el veto del jueves pasado, consiste en retomar la iniciativa en el discurso de la redistribución del ingreso y defender las 18 subas a los pasivos. «Se estudia una salida para revertir ese efecto negativo y no dejarnos robar esa bandera», dicen.
«Hay recursos para hacer una diferencia importante», confiaron en la Anses. «No hay nerviosismo, todo se estudia con serenidad. De lo contrario no hubiéramos dejado avanzar la votación en el Senado», aseguraron a LA NACION.
Según avanza el calendario y se acercan las elecciones presidenciales de 2011, el Gobierno quiere retomar una agenda que lo reconcilie con la clase media. También se buscarán mejoras en la asignación universal por hijo (AUH), las asignaciones familiares, el reparto de computadoras portátiles y los planes sociales.
La otra pata de la estrategia para maquillar el revés en el Congreso es la política. El ex presidente y jefe del PJ, Néstor Kirchner, intenta exhibir ahora un perfil moderado, se reconcilió con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y quiere bajar la tensión con los intendentes.
Por otro lado, la presidenta Cristina Kirchner aprovechó el escenario de River Plate, en el acto de anteayer del jefe de la CGT, Hugo Moyano, para darse un baño de mística nacional y popular. Pero el mismo Moyano le reclamó ante 70.000 personas que hiciera «un esfuerzo más» para mejorar las jubilaciones.
«Si Moyano lo pidió, lo debió haber acordado antes en Olivos. No lo dijo en el aire», señaló un ministro. El jefe de la CGT condenó el 82% móvil, que calificó como un engaño de la oposición, y defendió el veto presidencial; a otro gobierno podría haberle convocado un paro general.
La Casa Rosada, en cambio, no promoverá activamente el otro proyecto que exigió Moyano: el que obligaría a repartir ganancias entre trabajadores. Se habilitará el debate en el Congreso para sopesar cómo se alinean los diversos bloques. «Sólo avanzará si tiene consenso en forma espontánea. No será forzado», dijo otro ministro. Y en todo caso quedará para el año próximo.
