Los funcionarios provinciales aceptan que Entre Ríos es parte de un lote de cuatro provincias donde los controles no se hacen, tal como lo exige la normativa nacional. De todos modos, dan por hecho que en 2010 todo el sistema estará operativo, a un costo menor que el que rige en cualquier distrito de la Argentina.
Ante una consulta al respecto, el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Guillermo Federik, explicó que con la UTN “además de ser un organismo estatal con el cual podemos tener convenios de cooperación recíproca, como de hecho ocurre en muchas otras materias, resulta que cuenta con un know how al respecto”, es decir, ha desarrollado en función de una habilidad para transferir tecnología y organización un prototipo, un modelo perfectamente aplicable a estos casos. En efecto, a través de un instituto que la UTN creó especialmente, se lleva adelante el control en varias provincias.
En declaraciones a EL DIARIO, Federik informó además que “el sistema será concesionado a partir de un mecanismo que la UTN tiene en aplicación: por su cuenta, aunque con la auditoría del Estado provincial, llamará a licitación para la operación y explotación del servicio”.
En tanto, señaló que “en la auditoría provincial estará representada la Dirección de Seguridad Vial de la Policía y la Dirección de Transporte, además de la secretaría a mi cargo, que es la contraparte que firmará el acuerdo con la UTN: lo que se controlará es que el servicio se preste, que el nivel de las instalaciones sea el adecuado y después tendrá que resolver los porcentajes de efectivización de la revisión, de lo que depende el pago del canon”. Recordó también que “al cobro lo hará la provincia, mediante la liquidación del Impuesto Automotor; de ahí, entre el 82 y el 85% de lo efectivamente revisado le paga a la UTN que, a su vez, le transferirá un monto (a decidir en la licitación) al concesionario”.
Respecto a quiénes pueden participar de la licitación, el funcionario apuntó: “Será un operador privado que administrará los cinco talleres fijos y los tres móviles, no necesariamente de Entre Ríos porque el concurso al que convocará la UTN es a escala nacional”, comentó, no sin dejar de señalar que “nos interesa que el proceso de selección quede libre de toda sospecha, fundamentalmente por la historia previa que arrastra sobre sus espaldas la revisión técnica vehicular y por los intereses que hay en pugna”.
En relación a los beneficios que le corresponden a la Provincia, señaló que “en principio, no se hace cargo en forma personal ni de los procesos licitatorios ni de la operación; segundo, cobra por Patente a la totalidad del universo de propietarios de vehículos y paga sólo por lo efectivamente revisado; tercero, como el servicio ya estará cobrado y además la tarifa será la más baja, creemos que será muy alto el ‘techo` de los controles”.
Asimismo, aclaró que la diferencia entre lo recaudado y lo abonado por canon “conformará un fondo que la Provincia, a través de una comisión que está a cargo de la secretaria general del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, destinará anualmente a acciones que estén vinculadas con la seguridad vial, como campañas o programas para optimizar la señalización, pero que nada tendrán que ver con mejorar las condiciones de operación del sistema, que dependen exclusivamente del vínculo que se establezca entre la UTN y el concesionario”.
Pese a que la inclusión de este sistema supone un recargo en el Impuesto Automotor, Federik insistió en sus ventajas: “Es más transparente, evita que el concesionario manipule recursos; además, fija taxativamente el valor de su trabajo, con lo cual se impide que en los talleres se ceda a la tentación de cobrar cualquier cosa, por ejemplo cuando se acerca la temporada de vacaciones: es el Estado el que recauda y paga contra prestación”.
En principio, el servicio será prestado en las plantas que serán transferidas a la UTN, que deberán ser adecuadas conforme un prototipo de taller para que sean de línea continua, con poca espera. “Por esto también es importante poner en marcha casi en simultáneo la auditoría provincial, para que todo cumpla con el mínimo requerido”, completó Federik.
Por último, explicó cómo se tramitaría un eventual aumento del canon. “Así como la Provincia definirá la política de calificación de los interesados, el operador podrá plantearnos una instancia para negociar cuando entiendan que necesitan un nuevo cálculo de costos”, declaró.
