“Creo que Graciela Bascourleguy lo aclaró muy bien. La orden no la dio ella; la orden interna dentro de la Policía. Por eso ella misma no sólo que nos aclaró a nosotros sino también a (Jefe de Policía, Héctor) Massuh”, señaló Minatta. Incluso dijo que habría que ver si lo que firmó la ex directora de Archivo fue la quema del libro de guardia de la Jefatura. “Lo de Bascourleguy fue algo más técnico y no eminentemente político”, agregó.
Bascourleguy apuntó a las autoridades policiales de la época. Por ello, Minatta recalcó que la investigación quedó en manos de Asuntos Internos de la misma Policía a los efectos de que se determine la responsabilidad. Luego que finalicen la investigación, los resultados serán transmitidos a Massuh y posteriormente a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En cuanto a las autoridades políticas de aquel entonces, Minatta las desvinculó completamente de la decisión de quemar los archivos. “El gobernador y los ministros no mandan a quemar nada. Yo no puedo decir en este momento que si se quema un archivo puede ser con la complicidad de un ministro. Esos son análisis políticos interesados que puede hacer alguien sobre eso”, dijo.
“Nada consta, ninguna orden existe de que haya sido (Jorge) Busti o (Sergio) Urribarri ni (José Carlos) Halle”, señaló Minatta. “Son hombres que cuando llegaron al gobierno, se dieron cuenta del desmantelamiento total de las políticas de Derechos Humanos que había hecho el gobierno radical y fueron ellos quienes hicieron las nuevas estructuras como la Subsecretaria de Derechos Humanos o el Registro Único de la Verdad”, mencionó. Incluso, sostuvo que sería una contradicción crear un Registro de la Verdad y ordenar la quema de archivos. “Esas son elucubraciones políticas pero institucionalmente ni políticamente las puedo aceptar”, añadió.
Respecto de la investigación en las filas policiales, Minatta sostuvo que no podía dar ningún nombre acerca del o los presuntos responsables de la incineración y dejó el tema en manos de Asuntos Internos.
Por otra parte, señaló que recibieron listados personas espiadas por los servicios de Inteligencia de otras Jefaturas Departamentales de Policía. Hace poco se dieron a conocer las listas negras de las Jefaturas de Concordia y Concepción del Uruguay. Minatta dijo que no queda mucho material pero recalcó que la información no es anecdotaria sino que puede servir a los abogados querellantes que llevan adelante las distintas causas en Entre Ríos si es que el material “realmente les sirve”.
¿Por qué no se realizó antes la apretura de los archivos policiales? “Venimos de 2004 y algunas se hicieron. Todo aquello que se ha pedido, la policía ha informado siempre de lo que se ha pedido”, respondió.
El avance de las causas
Los entrerrianos desaparecidos durante la última dictadura fueron 134. Pero muchos de ellos, sobretodo de la costa del Uruguay, desaparecieron en Buenos Aires, La Plata o Córdoba. Un ejemplo concreto se da en Concepción del Uruguay. “De los 14, ninguno desapareció en la ciudad, todos desaparecieron fuera de la ciudad porque obviamente su actividad política de aquella época era en otro lado y no en esa ciudad”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos.
Esa es una de las causas por las que hay poca causas abiertas respecto de esa época. La mayoría están unificadas. “En el Área Paraná tenemos una, después tenemos el Área Concordia con el caso del soldado Papetti y Sixto Salazar y después el Área Gualeguaychú”, explicó Minatta.
En cuanto al movimiento de las causas, explicó que en estos momentos están tratando de designar un abogado para que siga de cerca la causa “Área Gualeguaychú”. Además la causa denominada “Centro de Estudiantes de la Escuela Normal” (se investigan las torturas que sufrieran estudiantes secundarios en la sede de la Policía Federal de Concepción) situada en “La Histórica” que posiblemente en el mes de junio sea elevada a juicio oral. Por esa causa está procesado el ex ministro del Interior de la última dictadura militar, Albano Harguindeguy. Incluso, sostuvo que el alejamiento del magistrado Guillermo Quadrini del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay provocó el aceleramiento de las causas.
En tanto, consultado sobre la causa “Área Concordia”, dijo que se estaba “trabajando bien” tanto de parte de la Fiscalía como de los jueces de Concepción del Uruguay. “Hay un aporte importante de la Delegación, del profesor (Rubén) Bonelli que cada vez que la Dra. (María Isabel) Cacciopoli necesita algo de Concordia se va aportando como prueba testimonial”.
Justamente, hace pocos días Cacciopoli sufrió un el incendio de su estudio jurídico. El funcionario destacó la decisión de la abogada de constituirse como querellante. Si bien hay dos personas detenidas que no quisieron declarar, Minatta dijo que la investigación tiene que seguir “mucho más allá”. “Ha cosas que a la Dra. Cacciopoli no le cierran”, dijo. La letrada intenta saber si hay conexión con las causas que investiga y, por ende, quien es el autor intelectual detrás del hecho.
Espacio de la Memoria
La subsecretaría está tramitando la cesión de parte del predio que ocupa el Ejército en Paranápara que funcione un “Espacio de la Memoria”. “En eso avanzamos con la ministra (de Defensa Nilda) Garré”, señaló. El mes pasado hubo una audiencia respecto del tema. Minatta aseguró que en el lugar que se intenta recuperar funcionó un Centro Clandestino de Detención. El lugar ya está señalizado como tal y se encuentra al fondo de la Avenida Ejército.
“Queremos que los organismos de Derechos Humanos funcionen ahí, que haya un auditorio, que haya un museo. En fin todo eso lo tenemos que diseñar arquitectónicamente con la municipalidad de Paraná”, sostuvo.
