Con la intención de no legislar en soledad, el Frente para la Victoria presentó su propuesta para "garantizar" el ejercicio de la "protesta social pacífica" pero advirtió que solo avanzará con el tema si cuenta con acompañamiento opositor.
En una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, su presidenta, Diana Conti, se encargó de exponer la iniciativa que logró consensuar el kirchnerismo a partir de los distintos proyectos presentados desde todo el arco político.
La propuesta postula el "establecimiento legal del derecho a la protesta social pacifica" y la obligatoriedad del Estado de darle "seguridad" a quienes protestan y a quienes no, así como difusión a sus reclamos.
Asimismo, indica que las manifestaciones deben respetar la prestación de servicios públicos y el tránsito, en particular de grupos vulnerables (ancianos, discapacitados, enfermos).
Por otro lado, el pre-dictamen insiste con la propuesta de Diana Conti de crear una Comisión de Mediación en el ámbito del Ministerio de Justicia para atender los reclamos y canalizar los conflictos.
En línea con el primer proyecto del oficialismo presentado por el chaqueño Juan Manuel Pedrini, la iniciativa también regula la actuación de las fuerzas de seguridad en protestas pacificas y prohíbe el uso de armas.
Finalmente, el borrador incluye una amnistía a los imputados, procesados y condenados por participar de protestas sociales siempre en cuando no se hayan cometido delitos como homicidios.
Solo con aval opositor
El oficialismo no quiere ser el único en pagar el costo político que podría acarrear semejante legislación para un tema tan sensible.
Por eso, Conti ratificó que su bloque solo avanzará con el tema si en la comisión logra firmarse un dictamen único, aunque sea con disidencias parciales. De lo contrario comunicó que su estudio quedará suspendido.
"No se casen con la propuesta", reiteró ante los distintos sectores de la oposición. De esta manera, el kirchnerismo dejó abierta la posibilidad de consensuar un proyecto común.
La tarea no es fácil. Por un lado, existen grandes diferencias entre los 10 proyectos presentados en Diputados. Además, aunque la Comisión de Asuntos Constitucionales acuerde un despacho, este luego deberá pasar por el filtro de las comisiones de Legislación Penal, de Seguridad y de Presupuesto.
Más allá de eso, Pablo Tonelli (Unión Pro) y Elisa Carrió (CC), plantearon reparos. El diputado macrista rechazó la propuesta tal como fue presentada al considerar que "no garantiza una adecuada armonía con el derecho a circular". También volvió a pronunciarse en contra de la amnistía.
Elisa Carrió compartió la idea de crear un cuerpo de mediadores al señalar que "con que la gente sea escuchada, las protestas se reducen en un 80 por ciento".
"La gente empezó cortando rutas porque nadie la escuchaba", dijo en relación a los piquetes de la década de 1990. Además recuperó la visión de la exdefensora del pueblo de la Ciudad Alicia Pierini (PJ) de que el conflicto no se resuelve con represión porque es una cuestión de derechos humanos.
No obstante, opinó: "No creo que esta sea una buena ley para la democracia porque genera violencia de un lado y del otro".
Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) se diferenció de la redacción propuesta por el kirchnerismo: “¿Quién determina cuándo una protesta es pacífica o violenta?”, se preguntó, al comparar esta división con la que originalmente se pretendía, de protesta legítima o ilegítima.
Del Caño encendió la polémica cuando trajo a colación las protestas de los trabajadores despedidos de la autopartista LEAR y las declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien “dijo que el conflicto fue sangriento”.
Desencajada, Conti exigió a Del Caño “que no traiga el conflicto de LEAR” y que “no pudra” el debate.
“Respetamos su manera anárquica de ver la realidad, pero ¡no nombre a Berni ni a ningún funcionario de mi gobierno!”, exclamó la kirchnerista mientras Carlos Kunkel (FpV) y Pablo López (FIT) también discutían.
Del Caño aseguró estar “hablando de la realidad” y volvió a criticar lo que consideró un “intento de cercenar el derecho a huelga”. Además, dijo que insistirá con el proyecto de su bloque “para terminar con la criminalización de la protesta social”.
“Hay trabajadores procesados con embargos de 300.000 pesos por cortes de calle y de ruta”, denunció, aunque Conti lo acusó de ser “funcional a la derecha recalcitrante”. “Con esa retórica, esos trabajadores van a seguir procesados”, le espetó.
Por último, el diputado Leonardo Grosso recordó que el Movimiento Evita, al cual pertenece, nació como una organización piquetera y se mostró preocupado por la posibilidad de que quede librada a la interpretación del juez la definición de una protesta como “pacífica”. Por eso, propuso agregar al texto un artículo que defina qué se entiende por protesta social.
Sobre este polémico punto, Conti aclaró que se incluyó en la redacción el calificativo “pacífica” simplemente porque “no avalamos el derecho a la protesta violenta”.
