El asesor legal explicó que “todos los años se hace un control técnico anual, se va a al INTI y se hace una calibración técnica, se lo prueba, se hace una prueba por los ingenieros del INTI para saber si tiene margen de error o no y en el caso que no tenga, se lo retorna para seguir funcionando”.
Ledesma recordó que el año pasado, la calibración demoró un mes y medio. “Hace más o menos una semana que no está el aparato. Eso dependerá del tiempo que le lleve al Instituto retornarlo a la empresa en el cual está tercerizado el servicio y que la empresa lo reinstale”.
¿Ni bien finalice el control, se va a reinstalar el radar? “No tuve contacto con la empresa pero yo estimaría que sí, si está vigente el contrato, se volvería a instalar estimo yo”, respondió.
Ledesma aseguró que el sistema se encuentra tercerizado a una empresa llamada Sisteco. “Pone a disposición del municipio el aparato y hace la tarea administrativa”.
Un sistema polémico
El letrado describió el funcionamiento del sistema. “El aparato hace un control, una filmación de 30 segundos, se toma la fotografía del vehículo por radar, se constata la infracción, lo certifica un empleado municipal y eso es lo que le da validez al acta para realizar el tema de la infracción”, apuntó.
Luego, se le envía una nota al infractor y se le da la posibilidad de efectuar un descargo en cinco días. Si no lo formula, sigue el procedimiento y después llega la cédula con la sentencia. “Se le aplica una sanción pecuniaria. Si no es abonada, eventualmente la municipalidad podría llegar a ser la intimación legal al conductor”, precisó Ledesma.
El 10 de marzo, el diario Clarín publicó un informe donde se detalla un fallo del Superior Tribunal de la provincia, que data del 18 de abril de 2002, en contra del sistema de foto-radar. El fallo dice: «No está librado a la potestad comunal ampliar su competencia invadiendo la de la Nación o provincia bajo la cosmética de la autonomía, ya que ello traería aparejado una caótica situación». Y define al sistema de fotomultas municipales como «sólo un velo para esconder la finalidad meramente recaudatoria con el objeto de obtener ingresos…».
El asesor legal explicó, desde su punto de vista, que “hay una ordenanza que autoriza al municipio a adherirse a la ley Nacional de Tránsito. Es una ley nacional, está por encima de las leyes provinciales. La ley establece que las autoridades provinciales o municipales pueden actuar en cuestiones de seguridad vial y puede actuar, incluso de oficio y aplicar esta ley por encima de cualquier otra”, expresó. Ledesma citó los artículos 1º, 2º y 70º de la ley Nacional de Tránsito.
“Hay una ley que prohíbe el sistema de foto-radar pero siempre y cuando no esté autorizado por la autoridad competente. En este caso, el equipo está autorizado por la autoridad competente y en este caso, estaría habilitada para implementarlo”, expresó.
El letrado aseguró, en vista de numerosas críticas que recibió el sistema del los conductores debido a que no que se les avisa de las infracciones, que la municipalidad tiene previsto realizar cambios en el sistema. “Se está tratando de evaluar la posibilidad de poner un funcionario municipal algunos kilómetros alejados del radar hacia ambos lados de la ruta para comunicar a los conductores del acta”, indicó.
En cuanto a la seguridad, Ledesma aseguró que el índice de accidentes fatales disminuyó. “Hubo alrededor de 20 muertos en los últimos años y el año pasado hubo una sola. Hay que tener en cuenta que el ejido del municipio está dividido al medio literalmente por la ruta 14”, precisó.
