Hubo dos momentos en que el FMI avaló el uso del dinero prestado para otros fines. El primero fue en agosto de 2018, cuando Macri enfrentaba una nueva corrida; con ya débiles reservas del Banco Central como única arma habilitada para la pelea. Argentina realizó un pedido oficial para que los dineros provenientes desde Washington ayudaran a la entidad que manejaba entonces Luis “Toto” Caputo a enfrentar la embestida. La idea era dar batalla con la estrategia de aportar todos los dólares que el mercado pidiera, con el objetivo de dar la imagen a los mercados que el Gobierno no vulneraría el derecho de los ahorristas de todos los niveles pudieran acceder a las divisas. Y que, con el tiempo, la actitud recreara la confianza suficiente para convencer al público y empresas que el país respetaba sus compromisos y era confiable para continuar recibiendo y despidiendo dólares. El pedido de la Argentina se enfrentó con la negativa radical del número dos del FMI, el norteamericano David Lipton. Este economista, de origen demócrata y heredero ideológico de Anne Krueger, se oponía militantemente a violentar el artículo VI de la carta orgánica del FMI, donde se explicita que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. El técnico de Washington (hombre con poder de decisión), no formaba parte en las misiones del FMI que negociaron, avalaron y luego fiscalizaron el stand by, pero liberó de responsabilidades a sus colegas que sí participaron. Fue en ese momento en que Macri llamó personalmente al presidente Donald Trump para pedirle que presionara/habilitara al FMI para que le permita el uso del dinero del stand by para realizar política cambiaria. El norteamericano ni lo pensó. Llamó a su secretario del Tesoro Steven Mnuchin, que a su vez telefoneó a Lipton para darle la orden de obedecer a Macri si quería permanecer en su cargo. Lipton finalmente aceptó y firmó el permiso para que el país dispusiera de unos u$s6.000 millones para contener eventuales corridas cambiarias, con un límite diario de u$s250 millones, inaugurando una etapa de amplia salida de divisas, estabilidad cambiaria y alza de Macri en las encuestas.
El stand by firmado por Macri en junio de 2018, fue refritado en septiembre de ese año; ampliándose a unos u$s57.400 millones finales que se prestarían escalonadamente; y, nuevamente, se imponía que debían ser única y exclusivamente destinados a cubrir los vencimientos de deuda. Eventualmente, y bajo fiscalización específica del Fondo, para cubrir desvíos fiscales. Como esta operación debía incluir venta de divisas en el mercado local, lo que provocaría intervenciones en el mercado cambiario y emisión de pesos, debía ser negociado con Washington. En general el compromiso se cumplió en los primeros meses.
Sin embargo, el teléfono rojo volvió a funcionar antes de las PASO del 11 de agosto, habilitando otros u$s2.500 millones también para ejecutar política cambiaria; dinero que se utilizó, fundamentalmente, el 12 de ese mes, primer día poselecciones, y en una jornada en que el dólar alcanzó los ,3, luego de una devaluación del 21,3%. Ese día salieron del sistema financiero unos u$s1.200 millones, en teoría, financiados por dinero del FMI.
Estima el propio organismo que unos u$s8.000 millones de los u$s44.800 millones que el Fondo había girado a la Argentina se habilitaron para ejecutar política cambiaria, violentando la letra del artículo IV del organismo, a partir de las presiones directas del Gobierno de Trump con la carta de ser el principal aportante del organismo.
