“La mitad de ese monto (US$ 7.500 millones) se destinará al respaldo presupuestario. El monto restante del respaldo financiero del FMI (US$ 35.000 millones) estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo”, agregó el comunicado.
Señala además que las autoridades argentinas “han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el resto del acuerdo con carácter precautorio”.
En ese sentido, el Fondo sostuvo que el acuerdo Stand-By “busca reforzar la economía del país restableciendo la confianza del mercado mediante un programa macroeconómico coherente que reduce las necesidades de financiamiento, encauza la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas de inflación más realistas y el fortalecimiento de la independencia del Banco Central”.
El programa económico presentado por el Gobierno argentino al FMI apunta a eliminar “los desbalances económico que han aquejado” al país en las últimas décadas y a “continuar reestableciendo el orden macroeconómico con dos ejes clave: convergencia más rápida al equilibrio fiscal y reducción de la inflación”, según señaló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al anunciar el acuerdo a nivel del personal técnico el pasado 7 de junio.
Así, entre los ejes principales del plan se planteó la reducción del déficit primario que en 2018 debe cerrar en 2,7% del PBI y en 1,3% en 2019; un equilibrio fiscal primario en 2020 y un superávit de 0,5% en 2021.
Esto, en el acumulado 2018-2021, significa una reducción del déficit del 3,1% del PBI, es decir, un total de alrededor de US$ 19.300 millones.
Para reducir la inflación, el programa presentado por el Gobierno al FMI plantea metas con tipo de cambio flotante y autonomía del Banco Central, con objetivos de inflación del 17% para 2017, 13% para 2020 y 9% para el 2021.
El préstamo por US$ 50.000 millones a tres años aprobado hoy en Washington, es el mayor que haya otorgado el Fondo en su historia y, a diferencia de los que cerró en el pasado con Argentina, en esta oportunidad incluye una cláusula social que permitirá monitorear indicadores sociales permitiendo “relajar”, según definió Dujovne, las metas fiscales ante una situación de urgencias que así lo requiera.
En ese sentido, el Fondo destacó en su comunicado la inclusión de estas medidas en el acuerdo “para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad manteniendo el gasto social y, en caso de que las condiciones sociales desmejoraran, abriendo margen para incrementar el gasto en la red de protección social argentina”.
