Céparo fue acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio; vejación, aplicación de apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, en septiembre de 1976, agravado, además, por la condición de perseguida política de la víctima.
En resumen, Céparo fue señalado como un engranaje central en el esquema represivo, por lo que el fiscal solicitó que sea condenado a 16 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; mientras los querellantes pidieron que se le imponga una pena de 21 años de cárcel.
Los querellantes, además, pidieron que se abra una investigación para determinar la participación de otros civiles, policías o militares en el secuestro y torturas de la mujer; que se investigue a Céparo como miembro de una asociación ilícita y que se determine su participación en otros casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas en esos días de septiembre de 1976.
También solicitaron que los delitos por los que se imputó a Céparo sean considerados como cometidos en el marco del segundo genocidio nacional.
El defensor José Esteban Ostolaza, por su parte, apeló al libreto de siempre: no se privó tampoco de llamar “proceso” a la dictadura; dijo que la víctima mentía, que su secuestró y los padecimientos posteriores eran un invento, que no había constancias de las torturas con picana eléctrica y que todo era parte de una confabulación entre un puñado de testigos para condenar a Céparo. No dio razones. Destiló veneno, dijo que “los testigos repiten relatos implantados o memorias sugeridas” y que tratan de dar “declaraciones efectistas”. Después de eso, pidió la absolución del ex policía, o que se le imponga una pena mínima de tres años de prisión, en caso de que el tribunal lo considere culpable; y reclamó que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario.
A cabo de seis horas de alegatos, el tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros difirió hasta el próximo martes 18 de octubre las réplicas y dúplicas, donde las partes podrán responder a los planteos de sus contrapartes.
La maquinaria de la represión. En sus alegatos, el fiscal y los querellantes reconstruyeron el escenario posterior al golpe cívico-militar, cuando el régimen instrumentó operativos masivos tendientes a anular toda forma de oposición. Describieron que una gran cantidad de personas fueron secuestradas por grupos integrados por personas, tanto uniformadas como vestidas de civil, pertenecientes a las fuerzas armadas y policiales; y que la Policía de Entre Ríos, en esos años, se abocó al plan sistemático de represión clandestina e ilegal.
Céparo fue un engranaje central en el esquema represivo: la víctima contó que fue secuestrada el 23 de septiembre de 1976 del Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera, y trasladada en un automóvil Ford Falcon, primero a la Jefatura Central de Policía y luego a la Comisaría Quinta.
La mujer permaneció seis días en la comisaría, hasta que Céparo se presentó nuevamente y pidió para trasladarla otra vez a la jefatura, donde fue sometida a interrogatorios bajo torturas. En esa ocasión, estando acostada en una parrilla, también alcanzó a verlo a través de la venda que le cubría los ojos.
En ese sentido, coincidieron en señalar que “la privación ilegítima de la libertad es un delito permanente, que cesa recién cuando la víctima obtiene la libertad” y que “en esos días que duró el cautiverio, la víctima estuvo como desaparecida”.
“Céparo no fue un loco solitario; sino un parte de la maquinaria de exterminio y desaparición de personas”, afirmó el querellante Boeykens. “Este no fue un hecho aislado”, acotó el fiscal Candioti. “Céparo era un integrante de la Policía de Entre Ríos e integraba también el plan sistemático de represión ilegal”, acotó el fiscal.
Candioti remarcó además que “el cautiverio en sí fue bastante doloroso, pero lo peor sucedió en la jefatura, cuando la patota torturó salvajemente a esta mujer: la desnudaron, le aplicaron picana eléctrica por todo el cuerpo, en los genitales, durante más de una hora mientras la interrogaban por algunas personas a las que calificaban como guerrilleras” y enfatizó que “su detención fue por motivos políticos: la creían parte de un grupo político junto con otras enfermeras, como Alicia Ferrer, Silvia Ramírez, Cristela Godoy, que también fueron detenidas ilegalmente en esos días”. En ese sentido, la querellante Uranga hizo hincapié en que “la violencia de género fue un elemento saliente en este caso”, al mencionar el “manoseo, desnudez y torturas en los genitales”, que sufrió la víctima durante su cautiverio.
El fiscal aseguró que “la participación de Céparo en el secuestro está acreditada; pero también formaba parte de la patota que torturó sádicamente a esta mujer y estaba presente cuando eso sucedía, porque ella misma lo reconoció”.
Un vocal en la sala
Los ánimos estuvieron más alterados en el comienzo de la audiencia, por la presencia de un grupo de personas jóvenes con carteles y pancartas de fervorosa defensa de la represión ilegal, que sostuvieron colgados durante la extenuante jornada.
En el frente del tribunal habían colgado una bandera con la leyenda: “Presos políticos víctimas del negocio de los derechos humanos”.
Se presentan como una especie de grupo de apoyo a los represores imputados por crímenes de la última dictadura y a sus familiares, y este miércoles fue su estreno en sociedad en un juicio de lesa humanidad, a los que consideran como escenarios de venganza.
Su presencia mereció el repudio del movimiento de derechos humanos aunque no hubo agravios ni sobresaltos. Hubo algunos que lo atribuyeron a un “cambio en el humor social”, otros lo consideraron “un avance de un accionar reaccionario” que permite el nuevo gobierno.
En la sala, cinco jóvenes se ubicaron detrás de las hijas del ex policía Atilio Ricardo Céparo, exhibiendo pancartas y carteles con fotos de “asesinados por terroristas”. Tuvieron una única manifestación que mereció el reproche y un llamado de atención de parte del tribunal, cuando aplaudieron estruendosamente la salida de Céparo de la sala, aduciendo que no estaba en condiciones de enfrentar una situación de estrés.
Mezclado entre ellos, llamó la atención la sorpresiva (e inexpresiva) presencia de un vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ): Bernardo Salduna se había presentado el día anterior en la sede del tribunal para solicitar un lugar para presenciar los alegatos.
Se lo vio intercambiar palabras con el grupo y en el final de la jornada se acercó al defensor de Céparo, José Esteban Ostolaza, a quien felicitó por su alegato.
Salduna, dirigente del radicalismo de Concordia y ex diputado nacional, fue designado en el STJ a partir del 16 de junio de 2000 por el gobernador Sergio Montiel; es actualmente vicepresidente del alto cuerpo. Nadie supo explicar su presencia en la sala, más allá de la relación con Emilio Castrillón, yerno del imputado Céparo, con quien comparte funciones en el STJ.
