Esta es la penúltima jornada del juicio por la desaparición en 1976 del senador provincial peronista. Como era de esperar, los defensores Amalina Assaf y Horacio Guerineau solicitaron la absolución de los imputados. Pero para el caso de que la sentencia -que se conocerá mañana- resultase condenatoria, pidieron que se les conceda a sus defendidos el beneficio de la prisión domiciliaria.
Según el diario Clarín, en un extenso alegato de casi tres horas, Terraf sostuvo que lo de Guillermo Vargas Aignasse «no fue un hecho aislado» sino consecuencia de «un plan organizado de terror que se instaló junto con una tiranía». Bussi, entonces interventor militar y comandante de la Va. Brigada de Infantería, y su superior inmediato Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejercito, «actuaron con la impudicia del poder», afirmó Terraf que desmenuzó luego cada una de las imputaciones: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, desaparición forzosa, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, e indicó las pruebas y la jurisprudencia que las respaldan.
«Bussi resultó ser el mejor testigo de esta fiscalía», aseguró Terraf al valorar la admisión por parte del ex represor de que funcionaron bajo su mando «cientos de lugares de detención» en la provincia.
Destacó que en el juicio «no quedó en pie ningún testigo para descargar las responsabilidades de Bussi y Menéndez». Fue una referencia a que nueve testigos fueron retirados por la defensa, otro se excusó con la anuencia del tribunal, otros no aportaron nada importante y uno, el ex secretario general de la CGT tucumana Juan Antonio Palavecino, pasó a ser un testigo de cargo.
Terraf dijo que el momento más estremecedor del juicio, para él, fue cuando Palavecino contó que vio a Vargas Aignasse en la Brigada de Investigaciones, con marcas de tortura en su cuerpo, el 6 de abril de 1976, es decir al día siguiente de la supuesta liberación de la cárcel y el supuesto secuestro por desconocidos cuando era trasladado a su casa.
La defensora de Bussi, Amalina Assaf, argumentó que con la orden de liberación de Vargas Aignasse el 5 de abril «terminó toda responsabilidad» de su defendido con el caso. Añadió que para sostener la teoría del fiscal sobre el dominio del hecho, «falta el nexo causal entre el secuestro del 5 de abril y Bussi». Dijo además que «no se eliminó la incertidumbre» sobre si otras hipótesis no investigadas, un ajuste de cuentas de Montoneros o una represalia de la Policía, podían explicar la desaparición De Vargas Aignasse. Y descalificó como «testigo mendaz» a Palavecino.
Horacio Guerineau, defensor de Menéndez, planteó que existió una «guerra o conflicto armado», ignorados por quienes impulsan hoy los juicios. Negó que haya existido un «plan sistemático de exterminio» y, en cambio, afirmó que hay «un plan sistemático del gobierno actual » para llevar a juicio a los militares «con pruebas fraguadas, prefabricadas».
La tesis había sido rebatida por el fiscal antes de ser pronunciada por el defensor: «¿De qué guerra me hablan? ¿Qué ejército tenía Vargas Aignasse en su casa, donde sólo habían pañales y chupetes de sus cuatro hijos? Si hubo una guerra, ¿dónde están los cuerpos de Angel Gerardo Pisarello, de José Chebaia o del docente Francisco Isauro Martínez, todos desaparecidos?» preguntó.
