Núñez indicó que Ramón Sebastián Pelayo, el hombre que se quitó la vida ayer en una celda de la Jefatura de Policía, estaba imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y sustracción de menores estuvo en libertad hasta ayer a las 8:30. A esa hora ingresó a Tribunales, escuchó la sentencia que lo condenaba a 13 años de cárcel y quedó detenido en forma preventiva. “Al momento en que es privado de su libertad, producto de la prisión preventiva que surge de la sentencia, se dispone su traslado a la Unidad Penal Nº 3”, indicó.
Por ese motivo, y hasta que el personal del Servicio Penitenciario tomase a su cargo al detenido, a las 8:45 quedó alojado en una celda ubicada en la planta baja del ala norte de la Jefatura. “Se utiliza para cuestiones muy temporarias. Si hay una persona trasladada para audiencias o llegó antes o si se suspendió la audiencia, para no andar con los presos dando vuelta por Tribunales, quedan ahí. El lugar de alojamiento es la UP3 o la Alcaldía”, dijo.
Justamente, en esa celda se encontraba otro detenido de apellido Ledesma esperando por una audiencia que debía efectuarse a las 9:30. Quince minutos antes lo buscaron a Ledesma para llevarlo a la audiencia y el personal que lo trasladaba escuchó al detenido decirles a los familiares de Pelayo que tengan cuidado porque les había anunciado que “se quería ahorcar”. De inmediato, dieron aviso al personal de guardia que fue hasta la celda, pero ya era tarde.
“Lo que se está investigando son las razones de la presencia de los cordones y el cinturón. A pesar de que estaban esperando que viniera el Servicio Penitenciario, en ese interin, como es de práctica usual, debían retirarles cualquier elemento que pudiera ser utilizado para autolesionarse”, indicó el fiscal.
Más adelante, dijo que no hay dudas de que se trató de un suicidio dado que quedó todo registrado por una cámara de seguridad que filma el calabozo. De hecho, la filmación fue secuestrada. “Allí se observa que la persona que toma esta terrible decisión de terminar con su vida. Es decir que no hay dudas sobre de que es un suicidio y no otra cosa, no un homicidio ni una instigación al suicidio ni nada”, dijo. No obstante, explicó que las cámaras no pudieron dar aviso dado que no son monitoreadas en tiempo real. Más bien, son utilizadas para que queden registros fílmicos de utilidad para la Justicia ante cualquier eventualidad.
Respecto de la causa judicial, el fiscal dijo que lo que están analizando es una imprudencia. “No una actitud dolosa. No un homicidio ni una instigación al suicidio. Es saber si hubo alguna imprudencia de parte de los funcionarios que intervinieron. Eso en lo que es la escala del código de las penas, no sería un delito grave”, dijo.
Además de la investigación judicial, se inició un sumario administrativo de parte de las autoridades de la Jefatura para esclarecer responsabilidades. “Administrativamente si es grave porque hay todo un procedimiento que se debe cumplir. Una instrucción sumarial puede terminar con una suspensión, o amonestaciones o la peor de las sanciones: una exoneración de la fuerza. Todo depende de la gravedad que se pueda comprobar en la investigación administrativa”, explicó.
