En el bloque que integra la legisladora prima el criterio que el Estado “debe llevar adelante y planificar la posibilidad de que los entrerrianos con menos recursos tengan acceso concreto a la vivienda”. Por lo tanto, descontó que votarán a favor de la iniciativa.
No obstante, hizo una objeción en relación a los fondos que crea la ley para hacer frente al gasto de las viviendas. “Esos $ 60 millones alcanzarían únicamente para 1700 viviendas”, indicó Bargana. “Me parece que es un fondo que merece ser ampliado oportunamente para llegar a la meta de las 6.000 viviendas que está planteando en los anuncios el gobierno”, precisó.
La legisladora tuvo en cuenta el valor estimado de una vivienda que constaría, por imposición del gobierno nacional, de una cocina-comedor, un baño y tres dormitorios “Estimando un valor mínimo de unos $ 35.000 al cual no le agregamos cloacas ni otros gastos por infraestructura”, expresó.
Bargagna también analizó el segundo artículo del proyecto, el cual hace referencia a la creación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB) abarcando herencias, donaciones, legados, reparto de bienes en un divorcio, disolución de sociedades conyugales o comerciales. Y concluyó en que deben rechazarlo porque “no discrimina a los pequeños y medianos propietarios de la ciudad y del campo”. Y además contempla como base para el cobro el valor real de venta del inmueble en el mercado y no el valor fiscal.
En ese sentido, en primer lugar alegó que todo el universo de contribuyentes estará en igualdad de condiciones a la hora de hacer frente a la nueva exigencia impositiva. Y en segundo término, que los abogados siempre se basan en los avalúos fiscales a la hora de intervenir en un juicio sucesorio o en una división de sociedad conyugal. “Porque generalmente se trata de gente de pequeños o medianos recursos y preservamos el patrimonio para los hijos o los herederos”, sostuvo.
Por ejemplo, una vivienda valuada en $ 100.000 para el fisco pero se tasa en $ 250.000 para el mercado inmobiliario, “el Estado te cobra sobre $ 250.000”, dijo. “Este proyecto creemos que es muy gravoso; es una nueva carga fiscal para los entrerrianos”, añadió. E informó que el director de la ATER, Marcelo Casaretto, será quien decida sobre cada caso en particular cual será la alícuota a aplicar.
“Como socialistas, como progresistas, siempre tenemos un planteo de una progresividad de los impuestos. Es simple: el que más tiene, más paga y los que menos tienen, menos pagan”, razonó Bargagna. “Desde ya que hoy, el que tiene algo, paga sobre impuestos nacionales e impuestos provinciales. Argentina es el lugar donde más impuestos pagana los ciudadanos. Hay una carga impositiva, según el Producto Bruto Interno, del 35 %. O sea que de $ 100 que se producen en Argentina, $ 35 van para impuestos. Entonces esto es una nueva carga y nosotros creemos que hay que proteger al pequeño y mediano propietario, sobretodo rural. Introducir esta modificación es negativa”, aseveró.
Volviendo a la erradicación de los asentamientos, la idea que predomina en el bloque del FAP-GEN es que, una vez en marcha la construcción de las viviendas, se prioricen las familias asentadas en los bordes costeros de la provincia. “Además de la inseguridad, creemos que se podría ir dejando libre el camino público del borde costero para que todos los entrerrianos puedan tener el libre acceso a los ríos”, argumentó.
