El ex senador justicialista, a quien recientemente se le decretó su quiebra por no haber pagado 4.000 pesos por la reparación de su camioneta 4×4, entendió que Rovira había cometido el delito de peculado al utilizar dinero de la administración pública para pagar los gastos de movilidad de los funcionarios, por lo que promovió la presentación judicial en cuestión.
Oportunamente en su declaración, Rovira reconoció que no sólo había dispuesto el gasto, sino que instruyó a la comisión que viajó a Ibicuy a brindar información sobre las denuncias presentadas por el organismo sobre el puerto. Es por este motivo que el juez Toloy sobre la democratización y conocimiento público de los actos de gobierno como una forma de transparentar la función y dictó “el sobreseimiento de Oscar Rovira” y dispuso el archivo de la causa.
