El promotor de la acción de inconstitucionalidad invocó en su pedido el artículo 65 de la Constitución Provincial reformada en 2008 que establece, entre otras reglas, que: “las sentencias judiciales deben fundarse suficientemente y decidirse dictarse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”.
De este modo, el abogado sansalvadoreño urgió al Superior Tribunal de Justicia a que se expida a la brevedad, ya que –según lo manifiesta en el escrito presentado- el plazo de 75 días hábiles que establece la Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8369 ha vencido largamente y los magistrados se hallan en mora en este singular caso judicial de alto interés político e institucional.
En el mes de mayo de 2014 el gobernador Sergio Urribarri designó al ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, como Presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Para Arralde, de esa forma se “violó la Constitución Provincial que exigía un llamado a concurso público y abierto de aspirantes al cargo”.
Antes de su nombramiento por decreto y previa venia de la Cámara de Senadores, Arralde –que además de abogado fue Convencional Constituyente en 2008 – acudió al máximo tribunal judicial provincial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de ese nombramiento, su invalidez y el llamado a concurso para cubrir el cargo.
“La ‘causa caliente’ que retienen algunos magistrados mas allegados al poder político provincial involucra de algún modo al padre del abogado Smaldone –Juan Ramón Smaldone- quien se desempeña como vocal del Superior Tribunal de Justicia y se excusó de entender en el litigio por obvias razones de parentesco, al igual que el vocal Germán Carlomagno que tiene entre sus colaboradores a la nuera de Smaldone.- Estos vocales son subrogados en el caso por los Jueces del Crimen Miguel Angel Giorgio y Hugo Perotti, de un perfil mas independiente del gobierno urribarrista”, se señala en la nota.
“El ‘Caso Smaldone’ como se conoce al expediente crítico constituye un tema ríspido no sólo porque involucra al hijo de uno de los vocales del STJ sino porque no tiene antecedentes en la provincia y ha hecho temblar los cimientos políticos del esquema de poder trazado por el gobernador saliente Sergio Urribarri, cuyo último mandato vence el próximo 10 de diciembre”, se indica en el último párrafo.
