Para los querellantes, los nombres y datos aportados por Constanzo permitirán citar e imputar a otros responsables, y así avanzar en la investigación de lo sucedido con los hijos de los militantes de Montoneros: Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Uno de los chicos, el varón, habría nacido muerto o habría fallecido a los pocos días; mientras que el otro, una nena, habría sido dejada por dos represores en un convento rosarino. Esta joven hoy tiene 29 años pero su identidad continúa sustituida y no ha podido ser localizada por su verdadera familia.
Para el viernes, a las 8.30, se espera la declaración indagatoria de Juan Carlos Ricardo Trimarco, primer interventor de Entre Ríos luego del golpe de Estado de 1976, ex comandante de la II Brigada de Caballería Blindada con asiento en Paraná, y ex comandante del II Cuerpo de Ejército con sede en Rosario y jurisdicción también en Entre Ríos. La jueza aún debe resolver sobre el pedido de la querella de que Trimarco declare en calidad de detenido para evitar estrategias dilatorias y evasivas como podría ser que alegue problemas de salud.
Oculto
Constanzo –ex agente de Inteligencia del Ejército– fue trasladado desde Rosario durante la madrugada de ayer, en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal. A pesar de que la declaración estaba pautada para las 8.30, llegó a los Tribunales federales antes de las 7.30 y permaneció dentro del edificio de calle 25 de Mayo hasta las 12.20.
Al salir, agentes de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario lo cubrieron para evitar que pudiera ser fotografiado por los reporteros o visto por el puñado de militantes de organismos de derechos humanos que hicieron guardia en la calle. Igualmente se escuchó: “¡Asesino!”, “¡Torturador!”, “¡Hijo de puta!”.
Ante la jueza Galizzi y los abogados querellantes Marina Barbagelata y Gamal Taleb, el ex represor reiteró lo dicho sobre el caso en su declaración indagatoria por la causa Guerrieri, aunque en esta oportunidad brindó una serie de detalles que “le dan muchísima credibilidad al contenido de esa declaración y que ratifican todo lo que denunció en su momento el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano”, indicó Barbagelata.
El testimonio
Constanzo ratificó que Raquel Negro estuvo detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, y que desde allí o desde La Calamita –dijo no recordarlo bien– la trasladó un grupo de tareas hasta el hospital Militar de Paraná, estimativamente en julio de 1978. En ese hospital la custodiaron militares rosarinos y permaneció durante varios días hasta que dio a luz.
Luego fue devuelta al centro clandestino de detención La Intermedia, sobre la autopista Rosario-Santa Fe, donde llegó muerta, en el baúl de un auto, atada, desnuda y con una bolsa de plástico en la cabeza. Su cuerpo fue luego arrojado al mar, contó ayer Constanzo.
Los abogados destacaron también que haya individualizado a las personas que organizaron e intervinieron en el operativo de traslado de Raquel Negro, bajo las órdenes de Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Jáuregui, máximas autoridades del II Cuerpo del Ejército en esos años.
A partir de esto, se piensa en solicitar nuevas declaraciones testimoniales o probablemente también nuevas imputaciones en esta causa. Dos que están en la mira son Walter Pagano, ex agente civil de Inteligencia del Ejército, y el teniente coronel retirado Daniel Amelong. Ellos fueron, según el relato de Constanzo, quienes dejaron a la hija de Negro en la puerta de un convento u orfanato rosarino.
En su declaración de ayer, el ex represor ratificó que aquella escena de la entrega de la niña fue la que le contó el propio Pagano. Tanto este como Amelong podrían ser imputados como coautores de los delitos de sustracción de los mellizos y la sustitución de su identidad. Ambos se encuentran detenidos en Rosario por otros crímenes de lesa humanidad.
Pagano fue, además, uno de los que custodiaba a Raquel Negro mientras estaba detenida en la Quinta de Funes e incluso durante su estadía en el hospital Militar de Paraná.
Por otra parte, Constanzo dijo que el bebé varón nació muerto. Sin embargo, esto se contradice con lo que ya declararon testigos que trabajaban en una clínica privada de maternidad de Paraná, a la cual el Ejército ingresó dos recién nacidos mellizos provenientes del hospital Militar en fechas coincidentes con el parto de Negro. De esto surgiría que, en realidad, el varón no nació muerto pero sí con serios problemas de salud que no habría podido superar.
El Tucu se considera “un chivo expiatorio”
Marina Barbagelata, una de las abogadas querellantes en la causa hospital Militar, relató la impresión que le causó Eduardo Constanzo. “Él está convencido de que está haciendo un aporte. Considera que si existió responsabilidad de él, fue parcial; que él no es el más comprometido y que la Justicia no está actuando como él lo esperaba: es decir, que se iba a responder de otro modo sobre los nombres precisos que él ha dado sobre las personas más comprometidas en estos crímenes”, dijo la abogada.
“Él se define como un chivo expiatorio y creo que tiene el rencor propio de alguien que ha sido abandonado a su suerte”, agregó Gamal Taleb, el otro abogado querellante.
Constanzo está detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria, dado que supera los 70 años. Ha reconocido su participación en el Ejército entre 1977 y 1978 y su intervención en centros clandestinos de detención de la zona de Rosario: la Quinta de Funes, La Calamita y La Intermedia.
