Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Berón a APF, en esa acción “absolutamente no hubo delito, porque se cumplió con todos los procedimientos, y participaron todos los órganos fiscalizadores, como el Consejo de Tasación, que es un organismo permanente del Estado. Participó también Contaduría General de la provincia, y Fiscalía”, aseveró. Además, afirmó que se trata de “un expediente que tiene más de 300 fojas, donde hay participación y evaluación de empresas del rubro ajenas a la Provincia”. En ese orden, el ex funcionario provincial aseguró que “se puede saldar deuda” de la manera en que se hizo entre San José y el Estado. “Lo autorizaba la ley, nada más que no estaba reglamentado, que fue lo que hizo el Ejecutivo”, señaló.
Asimismo, recordó que “en el año 1991, también lo hizo el Gobierno en esa oportunidad con la firma Paranatex”, añadiendo que “hizo lo propio con otras firmas”, aceptando “bienes de consumo y no bienes de capital”.
En tanto, reconoció que “hasta el momento que yo estuve no recuerdo que se haya hecho uso con otra firma de este decreto”, y afirmó que el mismo “es una norma general para cualquier contribuyente”. “Creo que está vigente aún para todo aquél que deba tributos vencidos al 31 de diciembre de 2001”, manifestó además.
Se trató de conservar una fuente de trabajo
De acuerdo a lo informado por el ex Ministro, el decreto que autorizaba realizar la operación “lo promulgó Montiel”. El mismo “establece la reglamentación de la forma de pago de los impuestos. El artículo 66 de la ley establece que se pagan en dinero en efectivo, en cheque, en giro o cualquier otra forma de pago que reglamente la DGR. En este caso particular, el Gobernador reglamentó esta otra forma de pago, y excepcionalmente establece esta forma de pago para cualquier contribuyente”, explicó.
También precisó además que “a San José se le da esta forma, porque era una empresa que estaba caída: por cada peso que debía solamente contaba con 25 centavos. Más de cien familias dependían de esa empresa. Se trató de conservar la fuente de trabajo principalmente”.
Dijo al respecto que “la deuda no era menor a 550 mil, y las unidades fueron recibidas por un importe menor, algo cercano a los 400 mil; por el resto la empresa se acogió a una moratoria”. Y señaló: “Puedo asegurar que hay una unidad en la Municipalidad de Santa Elena, que cumple todos los días en llevar estudiantes del profesorado que viajan a La Paz, y he visto que está en muy buenas condiciones”.
Resaltó que la acusación de la Oficina Anticorrupción se relaciona con el decreto. “Se imputa el decreto porque se toma que se hizo específicamente para la empresa San José, y esto no fue así”, aseguró.
Por último, Berón indicó que hoy se presentó a declarar a fin de “cumplir con el requerimiento del juez” y para “concluir de una vez por todas con esto”. “Creo que hemos expuesto lo realizado en su momento, convencidos de que estamos en el marco estricto de lo que nos permitía la ley. Con estos elementos que hemos aportado creo que el señor juez tendrá en claro la tergiversación que hubo respecto a este procedimiento”, y concluyó aseverando: “Estamos a disposición permanente”.
