Ambas resoluciones señalan que Caminos del Río Uruguay incumplió “la obligación contractual dispuesta en las condiciones exigibles para la calzada de rodamiento, y en las especificaciones técnicas generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”.
Al respecto, precisan que se encontraron valores del Indice de Serviciabilidad Presente (ISP) menores al contractual exigido, en tres tramos en un total de 25 kilómetros.
En consecuencia, las resoluciones dispusieron la aplicación de dos multas equivalentes a 134.580 y 269.160 Unidades de Penalización (UP) por la tarifa vigente, que es $ 18,93, lo cual da como resultado $ 2.547.599,4 y $ 5.095.198,8 respectivamente.
Con esta sanción la concesionaria suma multas por $ 146,99 millones en los últimos nueve meses, ya que a fines de agosto de 2021 recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después otra por $ 9 millones; a fines de noviembre otra por $ 7,62 millones; y en diciembre otras tres por $ 34,8 millones, $ 25,14 millones y $ 10,06 millones.
El 18 de marzo último Vialidad aplicó la mayor de todas las sanciones hasta ahora para Caminos del Río Uruguay por $ 14,59 millones, y tras ello se le aplicó a fines de ese mes una multa por $ 1,64 millones, y en abril otras dos sanciones por $ 1,06 millones y $ 6,67 millones.
A comienzos de mayo, se agregaron otros $ 15,25 millones.
De acuerdo con Vialidad, la empresa no cumplió con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.
“La sumariada no ha presentado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado”, afirmó el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.
El Acta Acuerdo de la concesión establece 8.000 UP por tramo de evaluación donde se detecte un índice de serviciabilidad presente menor que el exigido, y 2.000 más por tramo de evaluación y por cada semana en que la concesionaria tarde en corregir la anomalía.
