Desde la conducción de la obra social han seguido dos caminos en procura de recuperar aquel recorte financiero: hay un recurso judicial que está a resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero además hay encaminadas gestiones a nivel político con el Poder Ejecutivo en procura de acordar un arreglo.
Esa Ley de Emergencia, votada sobre el final de la administración del ex gobernador justicialista Mario Moine tuvo plena vigencia en el segundo mandato del actual gobernador Jorge Busti, y sólo hacia la conclusión de su gestión, en 1998, se comenzó con una “salida gradual” de sus disposiciones. Ese año, en su mensaje a la Legislatura, Busti destacó que “desde enero de 1998 se ha efectuado una salida gradual de las disposiciones de esta Ley. Se destrabó primero parcial y luego totalmente el adicional por antigüedad para todos los empleados de la administración; y se redujo el aporte solidario de los jubilados provinciales”.
Aunque fue recién al promediar la gestión del radical Sergio Montiel (1999-2003) cuando la Ley de Emergencia pierde todo vigor, aunque sus efectos, en el caso del recorte al Iosper, todavía continúan.
La cuestión fue abordada en el congreso provincial de Agmer que se desarrolló el 21 de septiembre en Rosario del Tala, aunque quedó asfixiado por la urgencia de la coyuntura salarial de los maestros.
“El tema, tal cual está planteado, se origina, una vez más, en el incumplimiento del Estado con sus obligaciones. Los sucesivos gobiernos se ampararon en las Leyes de Emergencia que se dictaron, y que significaron reducir del 4 al 2 % los aportes. Dicho de otra manera: al Iosper, los afiliados activos y jubilados aportamos el 3 % de los montos remunerativos de nuestro salario. Y la patronal, debería aportar el 4 %. Pero gracias a la Ley de Emergencia, el Gobierno se autorredujo ese aporte al 2 %”, indicó Nessmann.
Consecuencias
Francisco Nessmann, quien es secretario de Jubilados de Agmer, sostiene que el sector pasivo es hoy el más perjudicado por el desfinancimiento del Iosper —una de cuyas causas es la falta de regularización de los aportes del Estado— y por eso sostiene que “el pago de esta deuda cancelaría el déficit de la obra social y permitiría regularizar las prestaciones”. El dirigente asevera que el sostenimiento de una tesitura a nivel del Poder Ejecutivo que implica “mantener el recorte del aporte por los jubilados al Iosper”, no sólo no achica la deuda sino que “continúa ampliándola”. Y resaltó que el pasivo no tiene previsión de cancelación en el Presupuesto 2007, por lo que estima “seguirá habiendo postergaciones, sin ánimo de dar una solución definitiva”. Y cuestiona la actitud de la Federación de Jubilados y Pensionados y de la representante de los pasivos en la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Elida Lafourcade de Cavallaro. Esa funcionaria, en opinión de Nessmann “ha deslindado toda representación a sus afiliados”, y ha “ocultado” este tema, que perjudica no sólo a los jubilados sino a “todos los afiliados del Iosper”.
