Según la propuesta presentada ante el Congreso la semana pasada, ese organismo determinará la ganancia mínima anual a partir de la cual las empresas deberán repartir sus utilidades entre los trabajadores. Además, fijará cuál será el universo de compañías alcanzadas por la norma.
Estará compuesto por cuatro representantes del Poder Ejecutivo (dos provenientes del Ministerio de Trabajo y dos del Ministerio de Economía), cuatro de la CGT y cuatro de las cámaras de empleadores.
Según el proyecto, los enviados de las asociaciones empresarias deberán ser “suficientemente representativas y que en su conjunto comprendan todas las ramas de la actividad económica”.
Además, tendrá un presidente que será elegido por el Poder Ejecutivo nacional entre los dos integrantes de la cartera laboral, que será quien tome la decisión final en caso de un empate en las votaciones.
Otra atribución del Consejo será la resolución del monto de la multa que pagarán aquellas empresas que falseen los balances o las declaraciones juradas y de la administración del Fondo Solidario, destinado a ayudar a trabajadores en negro.
Puede preverse que al tratar el proyecto en la Comisión de Trabajo de Diputados la conformación del Consejo generará controversias porque, por ejemplo, no se contemplan representantes de la central obrera disidente, la CTA.
Además, tanto trabajadores como empresarios reclamarán más lugares y querrán que las voces de cada sector estén expresadas en la mesa de negociación.
El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, por caso, tiene 12 representantes de la CGT, cuatro de la CTA, por la parte trabajadora, mientras que por la parte empresaria asisten cinco enviados de la Unión Industrial Argentina, cuatro de la Mesa de Enlace y uno por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), por Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por la Cámara Argentina de la Construcción, por la Unión Argentina de Entidades de Servicios y por los Bancos.
Cabe suponer, entonces, que a la hora de conformar este consejo –que tomará decisiones sensibles– haya controversias sobre cuántas sillas debería haber y para quiénes.
Fuente: El Argentino
