El Estado Provincial y su rol en el control de tránsito y la seguridad

Durante un tiempo existieron algunos interrogantes  respecto de la posible colisión de las labores municipales en materia de tránsito y la necesaria actuación de la fuerza del gobierno provincial para exigir, con el vigor necesario, el cumplimiento de las normas de tránsito, de seguridad vial y por supuesto, de seguridad ciudadana.

El Decreto recientemente dictado por el Sr. Gobernador de la Provincia, terminó con esas dudas, dejando claro que, siendo la Policía la designada por la ley, nunca podrá argumentarse ninguna invasión de competencias con las autoridades municipales y que, leyendo correctamente el conjunto de leyes y ordenanzas vigentes en los distintos territorios municipales, las  acciones se complementan y de ninguna manera se excluyen. Es decir que la fuerza policial puede actuar conjuntamente o no con las autoridades locales. En caso de actuación de la policía, verificada una infracción ésta remitirá las constancias de lo actuado a los Jueces de Faltas competentes.

¿Por qué la Policía?

Una primera razón, se vincula a lo normativo: porque está previsto en la ley de adhesión 10.025. Una segunda mirada, tiene que ver con la posibilidad de tener presencia en todas las calles y rutas de la provincia, las 24 horas del día,  exigiendo documentación, seguro, casco y medidas de seguridad en caso de motos, controlando el cumplimiento de todas las amplias cuestiones previstas en la Ley Nacional de Tránsito y que hacen al cuidado de la vida, por cierto el valor más importante que todo Estado trata de proteger.

La tercera razón se vincula a la seguridad ciudadana, ya que en muchísimos casos de delitos ocurridos en el territorio provincial, se utilizan motocicletas o automóviles de condición irregular, sin documentación, o robados, como instrumento para cometerlos, y solo la policía, con nuestros jueces y fiscales, está facultada para realizar esa labor de prevención y eventualmente de represión de ilícitos.

Las expectativas a concretar

Estimo que esta excelente acción emprendida por el Gobierno provincial, tendrá registro más temprano que tarde en la conquista de sus diversos objetivos: menor comisión de delitos utilizando vehículos irregulares (los conocidos como “motochorros”), menor índice de accidentes en la vía pública,  mayor conciencia ciudadana en los deberes de autoprotección y en definitiva, mayor protección de la vida.

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