El empresario que mandó a sus empleados a robar rieles en La Criolla ahora se niega a pagarles indemnización por despido

Miguel Vitancor tiene 25 años y hace 11 que trabaja para Simioni, según afirmó su representante legal Elizabeth Moreira, “él trabajó siete años en negro y (desde 2006) estaba en blanco”. Pero luego de que el joven decidiera poner sus propios abogados en la causa que la Fiscalía inició contra el empresario y los dos empleados, por el delito de Hurto Calificado, rechazando la orden de su patrón de que se ampararan todos bajo la defensa del mismo letrado, Vitancor recibió el telegrama de despido, y fueron depositados en su cuenta la suma de $1200 pesos, monto muy inferior al de la indemnización que correspondería con sus años de trabajo en la empresa, al menos los cuatro años que estuvo en blanco.
Pero según refiere la abogada de Vitancor, “esto no se va a quedar acá porque además del insulto que significa el aporte que le depositaron, los motivos del despido son arbitrarios, porque le echaron por no cumplir ordenes, cuando es público el tipo de ordenes que este hombre les daba a sus empleados, que prácticamente les ordenaba que fueran a robar para él”.
A todo esto, cabe recordar que Simioni fue condenado a seis meses en cumplimiento condicional, el pasado 15 de diciembre de 2010, luego de reconocer ante la juez Carolina López Bernis, en una audiencia de juicio abreviado, que él mismo había ordenado a sus empleados, que fueran buscar de la vera de las vías del tren, varios rieles de 25 metros de largo, que los peones extrajeron y trasladaron con una maquina escavadora propiedad de Simioni, el 14 de septiembre del año pasado. Fue en ese contexto que fueron detenidos por la Policía y pasaron dos días y dos noches encerrados, y acusados por un delito del que eran inocentes.
Hace poco mas de una semana, el empresario recién cumplió con parte de la condena, al devolver una importante cantidad de rieles que tenía acopiados e instalados en su planta impregnadora de madera y que había sustraído en otras tantas ocasiones de las vías del tren.
No obstante no es un echo menor, que la condicional de Simioni aún va por el quinto mes y le falta cumplir otros 30 días bajo la lupa de la Justicia, en otras palabras de cometer otro delito antes de culminar con la pena, debería –en rigor a la norma- terminar de cumplirla en la cárcel.

Sus antecedentes
Pero como ya referimos antes, esta no es la primera vez que Simioni es sorprendido en un acto ilícito y autoritario. Hace unos 11 años, los vecinos de La Bianca miraban sorprendidos como una planta impregnadora de creosota se montaba a pocos metros del barrio 272 Viviendas. Tras las averiguaciones pertinentes, se enteraron que el terreno ocupado pertenecía al Estado, puntualmente al IAPV, que en ese lugar estaba prohibida la instalación de ese tipo de industria y que el inversor era un ex vecino del barrio que había tenido un notable crecimiento patrimonial tras incursionar en el negocio de la madera: este inversor no era otro que el condenado Luis Simioni.
El hecho inclusive terminó en la Justicia, pero desde el IAPV (en el segundo gobierno de Jorge Busti) se le otorgó a Simioni un permiso precario de uso. Sin embargo, tras el agite y el rechazo social, la planta fue primero clausurada y luego desmantelada para ser finalmente instalada en la localidad de La Criolla.
Tiempo después, en noviembre de 2006, Simioni volvió a ser noticia cuando amenazó de muerte al periodista de La Criolla, Ariel Mazetto, quien radicó una denuncia penal por las amenazas telefónicas que le descargó una persona que se identificó como “Simioni el de la curadora de palos” y que aseguró lo iba a «cagar a tiros».
El entonces corresponsal de LT15 realizó por esos días un informe sobre un accidente de tránsito que se produjo frente a la empresa de Luis Simioni, donde una mujer se fracturó el tobillo al caer de su moto. Según se confirmó entonces, la mujer perdió el control del rodado en una tremenda zanja que producían los efluentes que la impregnadora de postes lanzaba a la vía pública.
Una vez radicada la denuncia formal, la Justicia allanó el domicilio particular de Simioni y se le secuestró una pistola calibre 380. Un arma que entonces quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Nº2.

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