Una vez más lo impulsaron los grandes grupos económicos, pero esta vez se dio la característica de escuchar la voz de sectores históricamente relegados. El desencadenante fue la decisión del Gobierno de declarar de interés público a Papel Prensa y de caducar la licencia de Fibertel, tocando intereses de grupos concentrados. Automáticamente, grandes empresarios vinculados con el sector industrial, financiero y comercial, cuestionaron la intervención del Estado y denunciaron “falta de seguridad jurídica” para invertir.
De la vereda de enfrente, los conocidos como «sectores sensibles» (indumentaria, calzado y marroquinería) y las micro, pequeñas y medianas empresas hicieron una cerrada defensa del modelo económico productivo. Advirtieron que si es necesario saldrán a la calle a defenderlo e incluso pidieron su profundización. Los acompañaron sindicatos y trabajadores que temen pérdida de empleo si se vuelve a un modelo importador y de servicios. Los debates se dieron el mismo día, en dos escenarios distintos: El Consejo de las Américas y la exposición Pro Textil 2010. Luego llegaron las réplicas de otros grupos empresarios Pyme.
seguridad jurídica. Los pasillos del hotel Alvear (donde se desarrolló el Consejo de las Américas) fueron el epicentro de las críticas y cuestionamientos de parte del presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, que disparó el primer dardo contra el Gobierno, seguido luego por el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, y otros empresarios. Los mismos pasillos fueron los elegidos por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para responder las quejas empresarias, respaldado luego por los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Industria, Débora Giorgi.
Vienen generando ruido entre los grandes empresarios las decisiones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de volver a la órbita del Estado el control de empresas clave -como Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, ramales de ferrocarriles y el Correo Argentino-, así como tomar el control de los fondos de las AFJP, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ahora el proyecto de declarar a Papel Prensa de interés público y caducar la licencia de Fibertel . Ante estas últimas dos medidas, el primero en manifestar su descontento fue el directivo de Fiat que pidió «reglas claras» para invertir. «Es necesario respetar la Constitución y no se puede cambiar monopolios para crear otros», disparó Rattazi en referencia con la decisión de caducar la licencia de Fibertel que -según sus detractores- dará mayor poder a las telefónicas. La respuesta oficial no se hizo esperar. «¿De qué seguridad jurídica me está hablando? Que diga que le preocupa la falta de seguridad jurídica en la Argentina es una falta de respeto a los argentinos», porque «el negocio de él es brillante», aseveró el jefe de Gabinete. Según dijo, en el país existe «mucha seguridad jurídica» y «un buen ámbito de negocios».Profundizando la confrontación con el Gobierno, Carlos de la Vega cuestionó los conflictos gremiales, que «pasando por alto las instancias administrativas o judiciales previstas para la dilucidación de controversias gremiales” se llevan adelante “mediante acciones directas, como bloqueos y cortes».
A favor del modelo. Tras la fuerte defensa de Fernández, se escuchó la voz de Boudou, que resaltó la «solidez» de las condiciones macroeconómicas de la Argentina. «La etapa que viene se llama inversión y cuando salgamos a hacer una emisión de deuda, será para marcar una tasa de interés más baja y no por una necesidad fiscal», afirmó. Con él coincidió Débora Giorgi, quien sostuvo que el horizonte para este año es “superar la tasa de inversión del 23,1% del PBI hacia el 23,5%». Compartiendo escenario, el titular de la Corporación América, Eduardo Eurnekian, subrayó que los empresarios están «invirtiendo mucho» en la Argentina. Según dijo, se trata de uno «500 millones de dólares en las diferentes empresas». «Cuando me preguntan sobre el clima de inversión, lo que creo es que tiene mucho que ver con la percepción personal», completó.
Sectores sensibles. Ante un público diferente, empresarios de los sectores más afectados por la competencia de la importación defendieron el modelo económico oficial y advirtieron que si es necesario «saldrán a la calle» para impedir que se dé marcha atrás en el camino iniciado en 2003. «No creo que nadie se anime a volver atrás y si esto ocurre vamos salir a la calle. No nos vamos a quedar quietos y por eso la industria debe seguir invirtiendo», afirmó desde el escenario de Pro Textil 2010, en Palermo, el CEO de TN & Platex, Aldo Karagozian, casi en paralelo con las críticas que se escuchaban a pocas cuadras de allí, en el reconocido hotel de Recoleta.
El empresario además advirtió que el clima político de enfrentamiento no sirve para el país, porque «cada vez que se va a invertir a cinco años se siente dolor de estómago».
El presidente de la Fundación Pro Tejer, Pedro Bergaglio, alertó a los que renuncien a la «defensa» del modelo que encontrarán a ese grupo empresario «de la vereda de enfrente». «Estamos junto a un Gobierno que nos ha defendido y lo seguiremos estando, así como también nos posicionaríamos junto a cualquier otro gobierno que decida hacer lo mismo», remarcó. Y agregó: «Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender el mercado que supimos ir ganando», consigna BAE.
En coincidencia, el titular de ADIMRA y ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, destacó que la industria «está pensando en una Argentina industrial», mientras que desde la oposición no se sabe quieren «desfinanciar al Estado». El titular de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Sellaro, sostuvo que «cuando hay previsibilidad el empresario invierte significativamente para el sector», como en el caso de que «este año se estarán superando los 100 millones de pares anuales de calzado, que parecía un sueño». En la misma exposición, se hicieron escuchar también el titular de la Asociación de los Obreros Textiles argentinos, Jorge Lobais, y su par de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, Agustín Amicone. Coincidieron en defender al Gobierno por «cuidar a la industria nacional», y crear «circunstancias favorables» para trabajadores y empresarios. Asimismo, cuestionaron a los políticos que «en sus intereses particulares pretenden embarcar al resto de la población». También las Pyme. Horas antes de inaugurar la nueva sede del Regional Buenos Aires de la entidad, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Francisco Dos Reis, aseguró que en la Argentina “hay seguridad jurídica”, y que, de hecho, “los que más garantías tienen son los grandes grupos económicos”. Señaló además que el sector Pyme “no forma un bloque de poder”, sino que “dentro de sus posibilidades se sienta a debatir con el Gobierno”. Asimismo, salió al cruce de los empresarios que conforman el Consejo de las Américas, al señalar que se trata de “grandes grupos económicos” que buscan “poner de manifiesto que en la Argentina es difícil invertir porque no hay garantía jurídica”. “Tienen un speach preparado”, y se expresan como “los que deciden cómo manejar al país, y condicionan al Gobierno con su fuerza y la capacidad de lobby que tienen”, disparó.
