El Gobierno reaccionó a la marcha del sindicalismo unificado programada para el 4 de abril y citó a los gremios del transporte, uno de los sectores más estratégicos, para ofrecerles contención. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se reunirá mañana con la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) que reúne al grueso de organizaciones terrestres (colectiveros, ferroviarios y camioneros), marítimo-portuarias y aéreas y cuya incidencia es clave para la contundencia de cualquier medida de fuerza de orden nacional.
La convocatoria tiene para los sindicatos un eje central: la amenaza de derogación de los regímenes jubilatorios diferenciados a instancias de las sugerencias en ese sentido del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese tipo de esquemas benefician en particular a los trabajadores del transporte con retiros anticipados, que la dirigencia suele justificar en las dolencias propias de esas actividades y el envejecimiento prematuro que alegan en algunos casos por efecto del stress laboral, las jornadas extenuantes y la lejanía respecto del hogar.
Desde su arribo al poder Cambiemos tuvo especial dedicación hacia los sindicatos del transporte, en particular los de colectiveros (UTA) y maquinistas ferroviarios (La Fraternidad) que cuentan con una doble condición: son los que más gravitan a la hora de un paro nacional por la posibilidad de acceso al servicio público de pasajeros, por un lado, y también son los más sensibles al manejo de los subsidios estatales al transporte. De hecho, la totalidad de los aumentos salariales de los últimos años (ya desde las gestiones kirchneristas) depende de la evolución de esos desembolsos desde el área de Transporte.
En el caso de Stanley, aunque no tiene un manejo formal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en los hechos es la funcionaria de referencia en esa materia y, sobre todo, en los regímenes jubilatorios especiales. De hecho una resolución publicada en el Boletín Oficial el 7 de marzo, con la firma de Stanley, incluyó en el mecanismo de retiro anticipado previsto para la actividad petrolífera a los trabajadores de apoyo dentro de los procesos de exploración y explotación petrolífera y gasífera. Ese sistema prevé la jubilación a los 50 años de edad con 25 años de servicios.
Aunque el Gobierno tiene la pretensión de debilitar la convocatoria al 4-A, que reunirá a gremios de la CGT con los opositores que orbitan en torno de Hugo Moyano, las dos CTA, organizaciones sociales y entidades empresariales pyme, entre otros participantes, la intención de fondo es garantizarse que los transportistas no serán de la partida en una eventual quinta huelga nacional contra la administración de Mauricio Macri.
De hecho, algunos sindicalistas de la “mesa chica” de la CGT reconocen por lo bajo que la posibilidad de una marcha unitaria con sectores de la oposición más rancia al Ejecutivo y también los de diálogo con el oficialismo es un mal menor. En la conversación fina con los funcionarios, algunos gremialistas transmitieron que una movilización como la prevista a la Plaza de Mayo les servirá a los dirigentes para reconectar con las bases que más presionan por una medida de fuerza de orden nacional, al tiempo que pondrá más distancia con la posibilidad de un nuevo paro nacional.
Ese tópico fue analizado la semana pasada durante una reunión nocturna en el gremio de estatales UPCN por la dirigencia que sustenta al binomio Héctor Daer-Carlos Acuña. Son los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el Gobierno los que dieron su aval a la negociación de Daer con los Moyano, que dio frutos este lunes con el acuerdo inicial respecto de la movilización. La duda, como es habitual, es si Luis Barrionuevo cumplirá con ese entendimiento de grandes sectores o desertará, a último momento, tal su costumbre en varias acciones coordinadas en el pasado.
