A diferencia de los ediles Marcela Sbresso, Daniel Cedro y Mireya López Bernis, Giampaolo no integra la comisión de termas. No obstante, aclaró que trabaja junto con ellos en la comisión. A partir de las últimas declaraciones del gerente del complejo -“desafortunadas en todo sentido” aseguró Giampaolo- la comisión “se abocó en pleno a revisar por completo el contrato”.
En ese sentido, acotó que no comparten “para nada” las expresiones de Fernández acerca de la posibilidad de cerrar los días de semana “porque no viene gente”. El presidente del bloque entiende que el gerente alude al complejo como un “bien privado” o un comercio abierto por el “que lo puede cerrar cuando quiere”.
Giampaolo dijo que, tanto cerrar los días de semana como reducir el horario de atención al público, son decisiones que “las tiene que consensuar con la comisión de seguimiento”. En consecuencia, Verter “no puede restringir ni cerrar el servicio de termas que, como dijo el intendente, es la perla turística que tenemos en Concordia”. Además, el edil señaló que no sólo debe atender a los turistas sino también a los vecinos de la ciudad.
La cláusula de rescisión es sumamente onerosa. Está establecida en el convenio y señala que “en el supuesto que la municipalidad decida rescatar la concesión antes del fenecimiento del plazo pactado, ésta deberá abonar a Verter la inversión realizada ajustada al momento de pago, con más una indemnización única por lucro cesante a favor de ‘la concesionaria’ consistente en el pago de una suma de dinero a obtener del siguiente cálculo: cantidad de personas ingresadas en el complejo termal durante el término de un año calendario, tomando para ello el mejor promedio, multiplicado por el número de años que falte para la finalización del plazo original de la concesión, al valor del costo de la entrada al momento del rescate, debiendo multiplicarse ese resultado por 2,5”. Bordet no puede desconocer el convenio, era concejal en 1999 cuando el Concejo lo ratificó.
Consultado al respecto, Giampaolo aseguró que dialogó con el secretario de Control de Gestión, Alejandro Casañas, para conocer “las implicancias legales de una caída de la concesión y si hay margen para que esto se produzca”. No obstante, reconoció que no hubo una respuesta “lo suficientemente rápida como pidió el intendente” porque “hay problemas de índole legal que pueden ser muy lesivos para el municipio”.
De todas maneras, el edil dijo que quiere dejar claro que los titulares de la concesión puede pretender “privatizar las ganancias e intentar socializar las pérdidas”. En consecuencia, “si hoy hay menor asistencia de turismo, muy estacional, ellos tienen que afrontar ese costo sin dudas”.
Desde el oficialismo aseguran que, para evitar tener que abonar una indemnización astronómica, hay que valerse de un incumplimiento para justificar la rescisión. Para Giampaolo, un argumento podría ser el cierre durante los días de semana. “El convenio prevé la apertura de las termas los 365 días del año. Está el concesionario a tenerlo abierto más allá de la asistencia o no de público”. Un edil de la oposición sostuvo que intentar rescindir el convenio por la reducción del horario de atención es improcedente. Sobre todo si “hay causas externas que lo justifiquen siempre y cuando sea por esos días. Que no sea una cosa continua”.
Por último, el presidente del bloque del PJ señaló que Fernández está citado para la semana que viene. Además, esta tarde, a las 18, estaba citada la comisión de termas para trabajar sobre la concesión. “Toda la semana vamos a trabajar sobre el tema”, dijo Giampaolo.
Blindaje legal
¿Qué pasa con los alojamientos construidos a la vera de las piletas? ¿Están en la misma situación legal que las termas? Un ex concejal, conocedor del trasfondo legal, señaló a DIARIOJUNIO que “en principio, las inversiones tenían que seguir la suerte de la concesión”.
Pero en el 2003, cuando se hizo un loteo en el predio, se sancionó la ordenanza Nº 32.362 que establece que el municipio “reconocía a todos los que realizaran inversiones particulares, sobretodo en la construcción de bungalows, que en caso de que a Verter se le saque la concesión, a ellos se les iba a respetar el plazo original concedido”. En consecuencia, por más que el municipio recupere el predio, los dueños de los bungalows seguirán teniendo la propiedad de los mismos hasta el 2024.
No obstante, en octubre de 2005 se derogó esa ordenanza con la norma Nº 33.051. “Se desnaturalizó por completo el objetivo mismo de la concesión. Yo entendía que las inversiones que se realizaban tenían que seguir la suerte de la concesión. O sea que si mañana, por algún tipo de incumplimiento, al concesionario se le quitaba la concesión, la inversión de los terceros particulares corrían la misma suerte”, expresó.
No obstante, todos los predios edificados y registrados en momentos en que estaba vigente la ordenanza anterior están protegidos de una eventual rescisión a Verter. “La mayor parte de los bungalows están dentro de este régimen”, añadió.
De todas maneras, el ex-concejal dijo que lo que en su momento hizo Verter fue transformar la concesión de las termas en un negocio inmobiliario. “Lo que más le convenía era vender esos predios a terceros, independientemente de que mañana le saquen o no las piletas que, de última, son lo que mayor gastos les genera”, explicó.
