Las reparticiones involucradas son: el Ministerio de Salud, el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Gobierno, el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, el Consejo General de Educación y la Policía de Entre Ríos.
Con la rúbrica de los representantes de cada entidad culmina el trabajo de muchos meses, oficializándose la forma en que serán tratados estos casos, en el marco de pautas internacionales que preservan los derechos de adolescentes, niños y niñas.
El Ministro de Salud de Entre Ríos, Angel Giano; la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Leonor Pañeda; el Defensor de Menores de esa entidad, Maximiliano Benítez; el presidente del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, Raúl Patricio Solanas; la secretaria de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Lucila Haidar en representación del Ministerio de Gobierno y la primera vocal del Consejo General de Educación, Graciela Maciel, rubricaron la firma del protocolo que se cumplirá en todos los casos y ante la sospecha de un abuso sexual infantil
La tarea llevó meses de trabajo en el marco de la Mesa de Fortalecimiento Familiar constituida por el gobernador Sergio Urribarri en el 2008 y que en el 2009 reglamentó después de 10 años la Ley de Violencia Familiar.
“En una forma poco frecuente de trabajo horizontal en la Mesa de Fortalecimiento Familiar. Poder Judicial y Ejecutivo acordamos la forma en que deben tratarse estos casos de manera de preservar la integridad de los adolescentes, niños y niñas que hayan sido abusados sexualmente, y garantizar sus derechos más elementales”, señaló Giano, al término de la reunión donde junto a funcionarios de gobierno, justicia, salud, educación, minoridad, y la policía de Entre Ríos, han establecido este lineamiento común.
“La protección de la infancia es una responsabilidad de la comunidad en su conjunto”, señala el documento elaborado por la Mesa de Fortalecimiento Familiar por lo cual en el protocolo han establecido claramente las competencias de cada área ya que consideran “la importancia decisiva de una respuesta preventiva que busque reducir la magnitud de los ‘factores de riesgo’ o ‘potenciadores’, y por otra parte, promover los ‘factores protectores’ o ‘compensadores’ y la necesidad de una respuesta asistencial frente al impacto de las secuelas del abuso que afectan la salud psicofísica y acarrean problemas psicosociales”.
