En el art. 1º de la ley se establece que “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio provincial pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado Provincial».
Además deja en manos del Ejecutivo «la formulación y el desarrollo de los planes destinados a promover la exploración y explotación racional de hidrocarburos líquidos y gaseosos, su transporte e industrialización».
En el artículo 4º se crea en el ámbito del Poder Legislativo «una comisión bicameral integrada por dos representantes de la mayoría y uno de la minoría por cada una de las
Cámaras que la componen con sede administrativa que tendrá a su cargo: el seguimiento y control de todo lo actuado por el Poder Ejecutivo como Poder Concedente y la Secretaría de Energía como Autoridad de Aplicación».
En otro párrafo de la norma se permite al Ejecutivo otorgar permisos de exploración, concesiones temporales de explotación y transporte. En tanto, “el área máxima de concesión de exploración no podrá exceder los quince mil (15.000) km2. En todos los casos la Autoridad de Aplicación podrá fijar áreas menores”.
Además, el permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso y Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco 25 años.
Con respecto al canon la norma establece que el titular del permiso de exploración o concesión de explotación abonará anualmente, por adelantado, el canon por cada kilómetro cuadrado o fracción del área permisionada o concesionada, monto que será determinado por el Poder Ejecutivo. Y también se establece que el concesionario de una explotación «pagará mensualmente al Estado Provincial, en concepto de regalía, un porcentual sore el producido de los hidrocarburos extraídos en boca de pozo».
En tanto, el bloque de diputados radicales, en marzo de este año, criticó la decisión del Ejecutivo de firma un convenio con Respsol-YPF. “Invocando el federalismo, este gobierno concreta en la práctica la más ignominiosa entrega a las multinacionales petroleras, del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos”, expresaron los legisladores en un comunicado.
En febrero pasado, el gobernador Sergio Urribarri y el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Sebastián Eskenazi, firmaron un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos. Sin costo para el Estado entrerriano, este plan prevé iniciar los estudios técnicos.
Los legisladores aseguraron en ese entonces que, antes de firmar nada, se debía tener “un marco normativo adecuado, que defienda los intereses de los entrerrianos y fije las bases de una política de Estado, con continuidad en el tiempo, más allá de las circunstanciales administraciones”.
