El dueño del Frigorífico Santa Elena va a la Justicia por vaciamiento

Taselli es acusado de haber desviado subsidios y bienes del Estado en beneficio de sus propias empresas, de haber abandonado bienes estatales que debería haber resguardado y de haber incumplido compromisos de producción, provocando que quedara improductivo el yacimiento del que dependía la economía de la localidad santacruceña de Río Turbio.
YCF fue concesionado en 1994 dentro de lo que se consideraron las privatizaciones residuales, luego de que las empresas más importantes del Estado ya habían sido entregadas a privados. La concesión era atractiva: quien se hiciera cargo recibiría un subsidio anual de 22,5 millones de pesos/dólares y tenía asegurada la venta de toda la producción a la central térmica de San Nicolás.
Sin embargo, en 2002 la empresa de Taselli se presentó en concurso de acreedores por una deuda de más de 8 millones de pesos. “Muchos de los acreedores son empresas del propio Taselli que aprobaron plan de pagos que comienza en 7 años y que licua la deuda”, explicó a María Teresa Larramendy, abogada de Raúl Wanzo, un ex trabajador de YCRT que es querellante en la causa.
Cuando la empresa de Taselli dejó la concesión, en el yacimiento quedaban sólo mil empleados de los 5 mil que se desempeñaban a principios de los 90. La falta de inversión también provocó la muerte de 14 trabajadores de la mina en 2004, lo que llevó a la reestatización. Es el mismo empresario al que el Estado le retiró las concesiones ferroviarias de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur luego de reiterados incumplimientos de los contratos, consigna Informe digital.
En febrero de 2008 fueron sobreseídos Taselli y Cameron, que había sido designado por el gobernador Néstor Kirchner como representante de Santa Cruz en la comisión encargada de fiscalizar la concesión. Es por eso que tanto Larramnedy como el fiscal Federico Delgado piden la indagatoria del actual funcionario.
El sobreseimiento de ambos fue revocado en abril de 2009 por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que pidió al juez Torres que continúe la investigación. La nueva medida judicial llega tras una presentación de Larramendy en la que solicitó que sean citados “en forma urgente” a declaración indagatoria.