Hoy por hoy, el empresario usurpa desde hace ocho años los galpones y las oficinas del complejo como depósito y sede de su firma Deltagro SA.
Según la publicación semanal, Gualtieri se llevó tres costosísimas maquinarias que pertenecen a la provincia. Se trata de una canteadora, una vigadora rectangular y de una cortadora de varillas y tablas, tipo sin fin, totalmente automáticas y únicas en Sudamérica, que la Nación adquirió a fines de los ’70 en Finlandia por una suma millonaria, para abastecer los entibados de las minas de Río Turbio.
Todo comenzó en diciembre de 1992, cuando adquirió, en una subasta pública realizada en la sede del entonces Banco Hipotecario Nacional de Capital Federal, las 4.866 hectáreas, 98 áreas, 45 centiáreas, del establecimiento forestal Mazaruca, corazón y sustento de las 40 familias que habitaban el caserío levantado a su alrededor.
Gualtieri pagó aquella vez 910.000 pesos-dólares, por los campos forestados y el parque automotor -que incluía camiones, grúas, cargadoras frontales y montacargas-, pero recién el 4 de diciembre de 1999, casi siete años más tarde, formalizó la escritura traslativa del dominio ante la escribana Marta María Iacometti, de Gualeguaychú. A los pocos días, el empresario cerró la primera de sus operaciones fabulosas en tierras entrerrianas: hipotecó parte de ese inmueble por 6 millones de dólares a favor del Citibank NA. Es decir, logró el milagro añorado por cualquier productor agropecuario: que una entidad crediticia le tasara una fracción de sus campos en un monto seis veces superior al de la totalidad del inmueble.
El origen de Mazaruca se remonta a 1950, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón dispuso que YCF contara con su propio establecimiento forestal, para dotar de vigas y tablas de madera que sirvieran para el entibado de sus minas, especialmente la de Río Turbio, que se hallaba en franca expansión.
Casualmente, hace un año, el empresario de la construcción Victorio Américo Gualtieri era detenido el aeroparque metropolitano, acusado del delito de contrabando de explosivos.
La detención del empresario había sido pedida por un magistrado de La Pampa, con motivo de una investigación iniciada hace más de un año ante una denuncia realizada por la Gendarmería por el delito de contrabando de explosivos.
