Los organismos acusaron a los legisladores y a quien auspiciaba su realización, el presidente de la Cámara de Diputados Orlando Engelmann (PJ) de encubrir y utilizar “los recursos del Estado para mantener la cortina de impunidad que les permite a los responsables del Terrorismo de Estado permanecer en libertad”.
En un comunicado de prensa rubricado por H.I.J.O.S. Regional Paraná; la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); el Registro Único de la Verdad; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); la Agrupación Vientos del Pueblo; la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER); el Movimiento Libres del Sur y la Mesa de Escrache Popular, informaron que el presidente fundador de la Asociación Argentina de Bioética, quien iba a ser el disertante de la charla Bioética, muerte digna y cuidados paliativos, es “ni más ni menos que el juez genocida marplatense Pedro Federico Cornelio Hooft”.
En ese sentido, precisaron que Hooft “es responsable y participe de torturas seguidas de muerte, supresión de identidad, asociación ilícita agravada, violación a los deberes de funcionario publico, denegación de justicia, privación ilegitima de la libertad, desapariciones forzadas reiteradas, abuso de autoridad, prevaricato, ocultamiento de pruebas y destrucción de objetos destinados a servir de prueba”.
Asimismo, destacaron que “este nefasto personaje es responsable de lo que se llamó La Noche de las Corbatas, uno de los operativos coordinados por las distintas fuerzas de seguridad en el que un grupo de once abogados marplatenses: que luchaban por los derechos de personas detenidas ilegalmente fueron secuestrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977 y asesinados y desaparecidos”.
Juez por decreto
También recordaron que Hooft había asumido como juez en lo penal de la ciudad de Mar del Plata, por decreto del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, el genocida Ibérico Saint Jean el 26 de junio de1976, y puntualizaron que en julio último la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó el pedido de juicio político con el objetivo de que “caiga la barrera constitucional que hasta ahora le impide ser sometido a un proceso penal ordinario”.
Además, en marzo de este año Eduardo Luis Duhalde, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó contra Pedro Federico Hooft una querella criminal por delitos de lesa humanidad cometidos por él durante la última dictadura cívico-militar. La causa lleva el número 17521 y se tramita ante el Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 2 de Mar del Plata. El 13 de marzo adhirieron a esa querella la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el 20 de marzo se presentaron como querellantes los organismos de derechos humanos de la ciudad de Mar del Plata.
Por otro lado, se preguntaron: “Quiénes están avalando la impunidad? ¿Quiénes son los diputados que invitan a los genocidas a dar charlas y luego la suspenden ante la inminencia de un escrache? ¿Por qué esconden el nefasto pasado de Hooft?”, e inmediatamente reflexionaron: “A 30 años del Golpe Cívico-Militar cuando la mayoría del pueblo argentino exige juicio y castigo a los genocidas, los diputados del Bloque Integración Antonio Mainez y Oscar Grilli y el presidente de la Cámara Orlando Engelmann encubren y utilizan los recursos del Estado para mantener la cortina de impunidad que les permite a los responsables del Terrorismo de Estado permanecer en libertad”.
Finalmente, ratificaron sus consignas de “cárcel común perpetua y efectiva a Pedro Hooft; repudiamos a los que avalan y mantienen la impunidad; juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices; 30.000 compañeros desaparecidos presentes”.
